En la firma de un convenio con el Ministerio de Educación, Garrigues Walker dijo que no se opone a que el Estado esté vigilante ante la comisión de posibles "abusos" fiscales y administrativos en este tipo de ayudas.

"Pero nadie puede escudarse en estos controles para impedir que las fundaciones reciban aportaciones del mundo público y privado", afirmó.

A su juicio, España debe ponerse en esta cuestión al mismo nivel que el rsto de países desarrollados del entorno europeo, que dan un mejor trato a las fundaciones.