García Vargas aseguró, en declaraciones a Radio Nacional, que este número de jóvenes profesionales "no lo vamos a conseguir, aunque pongamos un sueldo de abogado del Estado", y añadió que el coste sería de 500.000 millones más de lo que actualmente gasta el Estado en defensa. "Que me digan de dónde podemos detrae esa cantidad", se preguntó.

El ministro criticó que las soluciones que se escuchan de cara al futuro de las Fuerzas Armadas siempre pasan porque se vaya a un ejército profesional, sin que nadie se preocupe por el coste que puede tener.

"Yo no creo en un ejército profesional, sino en un ejército mixto, que es un modelo que permite, por una parte, que la sociedad participe en las tareas de seguridad y, por otra parte, los profesionales aseguran que se trate de un ejército moderno, muy tecnificadocon un armamento sofisticado", dijo García Vargas, quien calificó este sistema mixto como "muy equilibrado".

OBJECION E INSUMISION

En cuanto a la objeción de conciencia y la insumisión, el ministro de Defensa reconoció que el Gobierno no ha tenido "capacidad de gestión para poner en marcha una prestación social con prestigio".

"Ha habido un fallo de gestión, así como una falta de colaboración de las entidades que tenían que haber creado plazas para esa prestación", agregó.

Pero, en opinió de García Vargas, "lo más preocupante es que haya un volumen tan grande de gente que no quiere hacer ni el servicio militar ni la prestación social sustitutoria. Representa una cierta anomia social en una época en que hay muchos problemas sociales en nuestro país".

"Además, el voluntariado, en cualquier país europeo desarrollado es una parte esencial de funcionamiento del propio sistema de la Seguridad Social", concluyó.