Tras anunciar una gestión “continuista”, Garcia Ortiz, que tomó posesión del cargo en un acto celebrado en el Tribunal Supremo en presencia del ministro de ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se dirigió a los fiscales en un discurso pronunciado en la sede de la Fiscalía General del Estado.

La defensa de la independencia respecto del poder político fue la referencia constante en sus palabras. “Nadie me verá tomando postura en cuestiones estrictamente políticas, pues la confianza de la ciudadanía en los servidores públicos tiene como cimientos no solo nuestra imparcialidad, sino también la apariencia de imparcialidad”.

Añadió que no va a “ser un comentarista de la actualidad política o judicial” y aseguró que se mantendrá “siempre, y así mantendré a la institución, en el espacio de lo jurídico”, ya que “si el fiscal general abandona ese escenario, se coloca en un lugar idóneo para la contienda mediática, para el activismo asociativo, y no para el recto desempeño de su función constitucional”.

García Ortiz, que tomó posesión de este segundo mandato en medio de la polémica por la ley de amnistía, no se refirió a ese texto legal y advirtió a los fiscales que “quien espere encontrar en la Fiscalía un lugar para su mera proyección personalista, para lograr otros fines que no sean la custodia de la Ley y el Derecho o la satisfacción del interés social, quien busque otros réditos que no sean profesionales y en provecho de la institución, no tendrá cabida en este renovado camino que hoy empieza”.

Sus planes para este nuevo mandado incluyen el refuerzo de los sistemas de “controles y contrapesos” para la toma de decisiones de manera que se mejoren los sistemas para gestionar discrepancias y para la dación de cuentas a los superiores, al tiempo que dijo que garantizará “la autonomía individual de los fiscales”.

Asimismo, anunció que trabajará para mejorar la protección a las víctimas regulando de manera específica las nuevas unidades especializadas de Derechos Humanos y Memoria Democrática, a cargo de su antecesora, Dolores Delgado, y la Unidad de delitos de odio y discriminación.

El nombramiento de García Ortiz se produjo después de que el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitiera un informe en el que no le consideraba idóneo para el cargo por ocho votos a favor, del sector conservador, y siete en contra.