Así lo aseguró en declaraciones al programa "La Mirada Crítica" de Telecinco, recogidas por Servimedia, en el que explicó que la reforma nació con un problema de origen, el de ser un instrumento contra el Gobierno del PP.

Según el jefe de los senadores populares, "es necesario que se celebren elecciones de forma inmediata, porque esta Legislatura ha estado monopolizada por el Estatut. Es lamentable -continuó- que si este proyecto fracasa, la única imagen que nos va a quedar de toda la legislatura es la del hundimiento del barrio del Carmel".

García-Escudero insistió en que la sociedad catalana no se merece el Estatuto que mañana aprobará, previsiblemente, el Senado. Recordó que, en opinión del PP, se trata de un texto inconstitucional, además de sumamente intervencionista, carácter, este último, que circunscribió en la intención "controladora" que el texto quiere introducir sobre la sociedad.

Respecto al tema de la posible inconstitucionalidad, el portavoz popular dijo que quedará resuelta cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso que el PP va a presentar. "Mi pregunta es, ¿qué pasará si sale el sí en el referéndum y el Alto Tribunal dice que es inconstitucional? Es evidente -respondió- que se producirá una crisis de efectos impredecibles que dejará en evidencia a los partidos que lo han sustentado".

Sobre la postura del PP en todo el proceso, aseguró que es la única formación política que ha mantenido una postura coherente a lo largo de estos dos años.

DETENCIONES ILEGALES

El portavoz popular en el Senado y ex presidente del PP madrileño se pronunció también sobre la sentencia hecha pública ayer por la Audiencia Provincial de Madrid, sobre la detención de dos militantes del PP, tras los supuestos incidentes ocurridos en una manifestación de víctimas del terrorismo en enero de 2005.

Según Pío García-Escudero, la sentencia de la Audiencia demuestra que aquellas detenciones fueron "gravísimas", porque por "primera vez en democracia, se ha detenido a dos militantes de un partido por hacer uso de su derecho a la libertad de expresión y de manifestación".

En opinión del portavoz del PP, "la sentencia demuestra que Bono no fue agredido y que el entonces ministro del Interior mintió reiteradamente, incluso en el Parlamento, cuando insistió en que no había habido detenciones, sino comparecencias voluntarias, lo que ha quedado totalmente acreditado que no fue así".

García-Escudero concluyó que las detenciones fueron "ilegales" y se produjeron "por motivos políticos", lo que debe derivar en más responsabilidades políticas, ya que el delegado del Gobierno dimitido fue solo "un instrumento de decisiones más elevadas".