En una providencia, el magistrado señala que “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1. de la ley ‘La amnistía de actos tipificados como delitos será aplicada por los órganos judiciales determinados en el artículo 11 de esta ley, de oficio o a instancia de parte o del ministerio fiscal y, en todo caso, previa audiencia del ministerio fiscal y de las partes’, por lo que se acuerda dar traslado al Ministerio Fiscal y demás partes personadas”.

García Castellón da en su providencia un “máximo de diez días” para que todas las partes “informen sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la norma, conforme a los artículos 1 y 2 de la ley, a los distintos hechos que en la presente causa se atribuyen a los investigados Josep Lluis Alay Rodríguez; Josep Campmajo Caparrós; Marta Molina Álvarez; Marta Rovira i Verges; Oleguer Serra Boixaderas; Oriol Soler Castanys; Xavier Vendrell Segura; Jesús Rodríguez Selles; Jaume Cabani Massip y Nicola Flavio Guilio Foglia”.

Este mismo martes, coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del ‘procés’, también dictó este martes una providencia en la que da un plazo de cinco días a las partes para que informen también sobre la aplicabilidad de la Ley de Amnistía a los distintos hechos que se atribuyen a los encausados Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluis Puig y Marta Rovira, y sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares acordadas contra ellos.

En la misma resolución, el juez ordena que se comunique a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que “continúan vigentes y activas las órdenes nacionales de detención” de los cuatro procesados citados, adoptadas en auto de enero de 2023, “por lo que deben proceder a su cumplimiento mientras esas decisiones no sean judicialmente modificadas o revocadas”.