La sentencia ratifica una decisión del Tribunal de Defensa de la Competencia y da la razón a casi 200.000 ganaderos y a la mayoría de los consumidores, al tratarse de un producto -la leche y sus derivados-, de consumo generalizado.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), que inició el procedimiento contra las lácteas, pidió hoy que los 1.200 millones de la multa se dediquen a la reordenación del sector de los lácteos y a apoyar a las explotaciones que, en su día, fueron perudicadas por las prácticas ilegales de las empresas.

La sentencia de la Audiencia Nacional ha puesto fin a un proceso que se inició en 1982, tras la denuncia de UPA en la que se aludía a acuerdos entre las industrias para fijar el precio de la leche que pagaban a los ganaderos.