IU, que está personada como acción popular en la denuncia contra antiguos dirigentes militares argentinos, considera que est sobradamente probada la participación directa de Galtieri en los asesinatos.

Según Pérez, el auto dictado por Garzón está "muy bien fundamentado y combina perfectamente el derecho penal español con el derecho internacional humanitario".

A juicio del responsable de Derechos Humanos de la coalición, "la impunidad que la Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia Debida garantizaron en su día en Argentina tiene que ser rota desde el exterior".

"Este será el primer jefe de Estado de un país en tdo el mundo que será procesado por delitos contra los derechos humanos después de la II Guerra Mundial. Esperamos que la detención se produzca y que se pueda llegar a hacer justicia", aseguró.

Por lo pronto, las distintas ordenes de busca y captura y procesamientos contra otros miembros del ejército argentino implicados en asesinatos ya han tenido repercusiones en el país sudamericano: todos los militares con pasado vinculado a los crímenes de la dictadura han dejado de pasar sus vacaciones en Europa or miedo a ser detenidos.

IU denuncia, asimismo, el "incumplimiento" por parte de las autoridades argentinas del tratado de cooperación judicial internacional que tiene suscrito con España, y en virtud del cual Galtieri y otros tres procesados en el mismo caso tendrían que esta detenidos.

"Si Argentina protege a Galtieri e impide su detención, se acabará convirtiendo junto con su presidente, Carlos Menem, en cómplice de los militares, por más que sea un presidente democrático", aseguró Pérez.

El responsable de derechos humanos de la coalición indicó a esta agencia que hasta el momento el Gobierno de José María Aznar no ha puesto obstáculos al proceso, aunque tampoco lo ha impulsado.

Expresó, sin embargo, sus recelos por una posible intervención del Ejecutivo en este asunto, dada la cercanía del viaje oficial que realizará Aznar a Argentina el próximo mes de mayo.