Durante su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso, Gallizo señaló que fue el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria el que el 5 de enero de 2005 estimó un recurso presentado por la defensa de Galindo, en el que impugnaba la decisión de Instituciones Penitenciarias de no aplicarle el tercer grado que habían propuesto los responsables de la cárcel de Ocaña II.

La responsable de Prisiones explicó que su departamento acordó en septiembre de 2004 mantener al ex general en segundo grado, a pesar de que el centro en el que estaba recluido planteó que se le mejorara la situación, pasándole al tercer grado, debido a una serie de factores.

La dirección de cárcel entendió que la delicada salud del ex mando de la Guardia Civil, en la que destacaban sus problemas coronarios, así como el "pronóstico favorable de reinserción social" hacían que pudiese plantearse el cambio de situación penitenciaria.

"LEGALIDAD Y HUMANIDAD"

Fue en este momento, explicó Gallizo, cuando su departamento acordó mantener el segundo grado al condenado, pero compatibilizar las medidas propias de este régimen "con otras características del régimen abierto, con aplicación de medidas específicas de control y seguimiento, conforme al artículo 86.4 del Régimen Penitenciario, y destinarlo al centro penitenciario de Ocaña II".

"Este acuerdo", señaló la directora general, "buscó armonizar el mantenimiento de los principios de legalidad, justicia e igualdad, la reinserción social, las necesidades de protección o tutela de la sociedad y los valores de humanidad en la ejecución de la condena".

Toda esta situación, añadió la alto cargo del Ministerio del Interior, cambió cuando el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria dictó un auto el 5 de enero de 2005, en el que estimó el recurso de Galindo contra la decisión de Instituciones Penitenciarias de mantenerle en segundo grado.

La consecuencia de esta decisión judicial fue que el ex general pasó a tercer grado, tras lo cual los responsables de Prisiones le aplicaron el régimen abierto y acordaron el traslado del condenado al establecimiento penitenciario de Zuera (Zaragoza).