GALINDO SIGUE EN UNA PRISION MILITAR, A LA ESPERA DE QUE DEFENSA PREGUNTE A INTERIOR A QUE CARCEL CIVIL LE DEBE TRASLADAR
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El ex general dela Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo continúa encarcelado en la prisión militar de Alcalá de Henares, a pesar de que hace más de tres meses que fue expulsado de la Benemérita por su condena en el "caso Lasa y Zabala" y que ha perdido la condición de militar desde ese momento, el pasado 2 de abril.
Para que el ex general, cuyo recurso de amparo contra esa condena ha sido desestimado hoy por el Tribunal Constitucional, sea trasladado de la prisión militar a una cárcel civil, el Ministerio de Defena debe enviar una notificación por escrito al de Interior interesándose por el destino penitenciario más conveniente para el preso.
Fuentes de Instituciones Penitenciarias confirmaron a Servimedia que la citada petición por escrito no ha llegado a este organismo dependiente del Ministerio del Interior, por lo que Rodríguez Galindo continúa ingresado en la prisión militar.
Una vez realizado el trámite y decidida la prisión civil de destino, será el propio Ministerio de Defensa el que traslade al e miembro del instituto armado desde el centro militar que ocupa tras ser condenado a 75 años de cárcel por su condena en el "caso Lasa y Zabala".
La cárcel en la que sea internado el ex general puede ser una de las que utilizaron alguno de los implicados en el "caso Marey" de los GAL, a los que, por razones de seguridad, se buscó unas condiciones especiales, según las mismas fuentes.
En este sentido, José Barrionuevo, ex ministro del Interior, y Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguriad, ingresaron en una cárcel de Guadalajara y dispusieron de módulos propios.
Asimismo, dos de los centros que reunirían estas condiciones especiales y en las que ingresaron algunos de los condenados por los GAL fueron las de Madrid II y Ocaña, esta última en la provincia de Toledo.
Fuentes del Ministerio de Defensa indicaron a esta agencia que la tardanza en el traslado del ex general a una cárcel civil, consecuencia de la ejecución de la sentencia firme del Tribunal Supremo, no tiene nada que vr con la decisión que estaba pendiente en el Constitucional y que se ha producido hoy, sino que se debe al ritmo normal con el que trabaja la Administración.
(SERVIMEDIA)
22 Jul 2002
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