GALINDO SIGUE A LA ESPERA DE QUE DEFENSA PREGUNTE A INTERIOR A QUE PRISION CIVIL LE DEBE TRASLADAR

MADRID
SERVIMEDIA

El ex general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo continúa encarceldo en la prisión militar de Alcalá de Henares, a pesar de haber sido expulsado de la Benemérita por su condena en el "caso Lasa y Zabala" y haber perdido la condición de militar.

Para que el ex general sea trasladado de la prisión militar a una cárcel civil, el Ministerio de Defensa debe enviar una notificación por escrito al de Interior interesándose por el destino penitenciario más conveniente para el preso.

Fuentes de Defensa confirmaron a Servimedia que ese trámite está en marcha, pero que aú no ha salido del ministerio la citada petición por escrito, por lo que Rodríguez Galindo continúa ingresado en la prisión militar.

Una vez realizado el trámite y decidida la prisión civil de destino, será el propio Ministerio de Defensa el que traslade al ex miembro del instituto armado desde el centro militar que ocupa tras ser condenado a 75 años de cárcel por su condena en el "caso Lasa y Zabala".

La cárcel en la que sea internado el ex general puede ser una de las que utilizaron alguno de lo implicados en el "caso Marey" de los GAL, a los que, por razones de seguridad, se buscó unas condiciones especiales, según fuentes de Instituciones Penitenciarias.

En este sentido, José Barrionuevo, ex ministro del Interior, y Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad, ingresaron en una cárcel de Guadalajara y dispusieron de módulos propios.

Asimismo, dos de los centros que reunirían estas condiciones especiales y en las que ingresaron algunos de los condenados de los GAL fueron lasde Madrid II y Ocaña, esta última en la provincia de Toledo.

Rodríguez Galindo tiene pendiente la celebración de la vista oral del recurso de amparo que presentó ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del "caso Lasa y Zabala", que estaba prevista para el próximo 20 de mayo, pero que ha sido aplazada por acumulación de trabajo en el Alto Tribunal.

Las fuentes consultadas indicaron que la tardanza en el traslado del ex general a una cárcel civil, consecuencia de la ejecución de la sentncia firme del Tribunal Supremo, no tiene nada que ver con la decisión pendiente del Constitucional, sino que se debe al ritmo normal con el que trabaja la Administración.

(SERVIMEDIA)
17 Abr 2002
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