José María Fuster Fabra, abogado de Galindo, dijo a Servimedia que, junto al recurso de amparo, presentó una petición para que se suspendiese la ejecución de las penas accesorias a las que fue condenado el general, la principal de las cuales es su expulsión del Instituto Armado.

El letrado indicó que, de ejecutarse esta pena accesoria, que se sumaba a la de 75 años de cárcel, el generl perdería su condición de militar, lo que conllevaría, entre otras cosas, que fuese trasladado a un centro penitenciario civil.

La expulsión de un miembro del Ejército de la institución es algo preceptivo si existe una condena firme, pero que no se ha hecho efectivo aún en el caso de Galindo.

El Constitucional deberá pronunciarse sobre este tema depués de haber hecho público hoy que va a estudiar si se vulneró el derecho de Galindo a un proceso con plenas garantías, sobre todo en lo referido a ls manifestaciones inculpatorias que contra él realizó el agente Felipe Bayo Leal.