La Xunta entiende que la orden mencionada vulnera el reparto competencial establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Galicia, al residenciar completamente en el Estado un proceso de subvenciones en relación con una materia, el transporte urbano y metropolitano, que es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, según se establece en el artículo 27.8 del Estatuto gallego.

La orden aprobada por el Estado regula no sólo las condiciones y procedimiento de concesión de las subvenciones, sino que también atribuye al propio Ministerio la totalidad de las funciones de ejecución administrativa como son la gestión, concesión y pago de las ayudas.

En este sentido, el Gobierno gallego considera que el Estado "no dispone de un poder subvencional desvinculado del poder competencial, de suerte que el poder de gasto no puede ser autónomo de la competencia a la que se refiere".