Dicho escrito, que cuenta de unos 4 folios y va acompañada de diversa documentación del sumario por el secuestro d Segundo Marey por parte de los GAL que Garzón instruye, es una "memoria expositiva" mediante la cual el magistrado pretende saber si Vera dispone en la actualidad de fuero como consecuencia de su anterior cargo.

En el caso de que el Alto Tribunal considerase que Vera es aforado, esto impediría a Garzón citarle a declarar como imputado, tal como pretende, ya que en ese supuesto el juez debería inhibirse y remitir la causa a la Sala Segunda del Alto Tribunal, la única competente para proceder contra afrados.

Por el contrario, si el Tribunal estima que Vera carece de fuero, Garzón podría continuar instruyendo la causa y proceder penalmente contra el ex secretario de Estado, al que, al parecer, tiene previsto citar a declarar como imputado de un presunto delito de malversación de caudales públicos.

Esta medida de Garzón, que cuenta con el visto bueno del fiscal del caso, se produce una semana después de que el magistrado ordenase el ingreso en prisión del que fuera secretario personal de Vera, Jan de Justo, acusado de sendos delitos de malversación de caudales y contra la ley de control de cambios.

Garzón le acusó de haber entregado a las esposas de los ex policías José Amedo y Michel Domínguez 50 millones de pesetas en Suiza siguiendo órdenes de sus "inmediatos superiores", según el auto de prisión de De Justo.

Fuentes del Alto Tribunal dijeron a Servimedia que Vera no dispone ni ha tenido nunca la condición de aforado debido a su cargo de secretario de Estado y explicaron que el fuerose extiende a los miembros del Gobierno, es decir, a los ministros y no a los secretarios de Estado. Destacaron que, además, Vera en la actualidad no ocupa dicho cargo ni detenta la condición de parlamentario.

Según fuentes judiciales consultadas por esta agencia, el escrito de Garzón no constituye una consulta al Tribunal Supremo, dado que éste no es un órgano consultivo, sino una "exposición razonada" similar a la que realizó el también juez de la Audiencia Nacional Miguel Moreiras en relación a lascesiones de crédito del Banco de Santander.

Moreiras se dirigió al Alto Tribunal a mediados del pasado año con la finalidad de que se pronunciase sobre la competencia de la causa instruída por las cesiones de crédito debido a la aparición de un aforado, el diputado Luis Fernando Cartagena, como titular de uno de esos contratos.

Finalmente, el Tribunal Supremo resolvió el pasado 10 de enero la consulta de Moreiras, acordando en un auto del presidente de la Sala Segunda, Enrique Ruiz Vadillo, que e magistrado continuase con la investigación.

No obstante, la sala precisó que el juez debía remitir al Alto Tribunal las diligencias que afectasen al diputado en el caso de que de las pruebas realizadas se desprendiesen indicios racionales de criminalidad contra el parlamentario dado que, a juicio del tribunal, las actuaciones presuntamente delictivas de los imputados eran "comportamientos aislados".

El escrito de Garzón seguirá los mismos trámites que el de Moreiras y la Sala Segunda nombrará ahra un ponente que instruirá las diligencias antes de que el tribunal resuelva.