No obstante, el juez da un plazo de5 días hábiles a la empresa, a contar a partir del 20 de mayo (fecha del auto), para que esta u otra sociedad aporte dicha cantidad y pueda eludir la quiebra, con una declaración de 'insolvencia provisional'.

De esta forma, la empresa cuenta hasta el 9 de junio para 'salvarse', antes de que se proceda hasta la liquidación de la sociedad, opción que, sin embargo, podría interesar a alguna de las ofertas presentadas (en concreto, El Corte Inglés). El Ministerio de Comercio ha asegurado que adjudicará laempresa antes del 7 de dicho mes.

El pasivo de la empresa se ha situado, según el informe de los interventores judiciales aceptado por el juez, en 90.406 millones de pesetas, mientras que el activo supone 86.243 millones.

Miguel María Rodríguez en sus fundamentos jurídicos ha reconocido como "correcta y ajustada a la realidad" la valoración de los inmuebles presentada por los interventores y ha rechazado las objeciones presentadas por Galerías.

En este sentido, calificó de "prudente" el apliar una reducción correctora del 14 por ciento sobre la valoración de inmuebles realizada en junio de 1993, dada la recesión que ha sufrido el mercado.

En cuanto al mobiliario, "las posibilidades de efectuar ventas de muebles usados a precios razonables en un mercado en liquidación son prácticamente ilusorias".

El juez también rechaza los argumentos de la empresa en cuanto al valor de su fondo de comercio, ya que a su juicio tiene un valor negativo: "Fondo de comercio y suspensión de pagos son térinos conceptualmente antitéticos". No obstante, lo considera compensado por el valor de la marca.

"En todo caso, las alegaciones vertidas por la suspensa al no ofrecer una especial apoyatura probatoria, no son otra cosa que meras opiniones de la instante del expediente, y no revisten mayor autoridad, fiabilidad e independencia que las contenidas en el dictamen que pretenden controvertir", añadió.

CRISIS SINDICAL

Por otro lado, el sindicato UGT dio hoy a conocer un documento firmado por el direcor general de Comercio Interior, Javier de Paz, en el que este se compromete en que si la empresa se adjudicara a una oferta que suponga la liquidación de la sociedad, tal y como pretende El Corte Inglés, se garanticen previamente las condiciones firmadas por UGT y Fasga en su documento "Condiciones laborales".

"Sólo se producirá la adjudicación si el adjudicatario es de absoluta solvencia (...) y al mismo tiempo ofrezca un plan de recolocación de excedentes de trabajadores de Galerías Preciados en la condiciones y con las garantías por ustedes planteadas", indica literalmente Javier de Paz en su escrito.

El sindicato sale así al paso al enfrentamiento abierto que mantiene con CCOO, que se negó a la firma de dicho documento. UGT acusó a CCOO de negociar el documento con Banker Trust durante cuatro días al margen de los otros dos sindicatos.

UGT defendió el acuerdo firmado porque supone el mantenimiento de todos los centros de trabajo abiertos al público y la recolocación de 5.200 trabajadoresen puestos fijos y sin movilidad geográfica