Según Rodríguez Arribas, esto "es lo que procede hacer una vez que existen personas aforadas que están acusadas, incriminadas o denunciadas como autoras de supuestos delitos".

El presidente de la APM matizó que la decisión del Supremo no implica la atribución de indicios delicitivos al presidente del Gobierno, Felipe González, y los otros tres aforados a los que el juez Baltasar Garzón ha implicado en el 'caso GAL'.

A su juicio, dicha resolución "no significa que esté todavía comprometida su presunción de inocencia", sino que el Supremo ha entendido "razonablemente que la situación planteada por algunas de las declaraciones de los inculpados en la causa y que puso la guinda las explosivas declaraciones de García Damborenea plantea un asunto que no puede quedar así, es decir, que hay que investigar".

Añadió que dicha investigación debe ser realizada, según establece la Constitución, por la Sala Segunda del Tribuna Supremo dado que se trata de personas aforadas y, por tanto, "ella debe realizar la investigación para que las cosas queden en su sitio".

En su opinión, no habría sido positivo que el Supremo no hubiera acordado investigar esas imputaciones incluso para González y los otros aforados "porque habrían quedado en una situaicón de duda, de sospecha imposible de esclarecer que no habría sido buena ni para las personas ni para las instituciones".

Finalmente, se felicitó porque "en un tema tan delicadoen un asunto de tanta trascendencia, las instituciones del poder judicial, es decir los tribunales de justicia, están funcionando con normalidad, sin prisa y sin pausa, y dando respuesta a la situación de manera serena y equilibrada", al tiempo que añadió que aunque son inevitables las valoraciones de las actuaciones del tribunal, "cuanto más silencio haya en cuanto al fondo, mejor".