En una entrevista concedida a Servimedia, Trillo explica que es "ddoso" que la vía del conflicto jurisdiccional sea la adecuada para resolver un conflicto entre el Gobierno y un juzgado.

"No parece la vía más adecuada, por cuanto está conociendo del tema el Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional, pero no se sabe que ningún órgano de la Administración estuviere conociendo de estos asuntos. Y por tanto, debería haber una inhibición. Esas son las dudas", dice Federico Trillo, "que han expresado los representantes de las asociaciones profesionales de jueces".

El PP refiere respetar a la Sala de Conflictos tanto sobre la admisión a trámite de esta cuestión, cuanto sobre la estimación o no de la posición del Gobierno. "Esperemos que en un mes o antes la sala resuelva. Tanto sobre la admisión a trámite, como sobre el fondo de la cuestión planteada".

Esta Sala de conflictos habrá de decidir si el Juez Garzón puede seguir requiriendo al Gobierno para que le entregue los papeles del Cesid o no. O, dicho de otra manera, si el Gobierno tiene obligación de darle los papees al Juez.

"El conflicto jurisdiccional es una vía excepcional, por su propia naturaleza. Y más para un asunto de esta envergadura política, comenta Federico Trillo. "Es usual, aunque no frecuente", añade, "que el conflicto se plantee entre la Administración de Hacienda y los juzgados en temas de ejecución y embargo."

"El Gobierno ha venido a plantear como un conflicto jurisdiccional", comenta, "lo que era un conflicto, largamente mantenido, entre el Gobierno y el Poder Judicial. Por la negativadel Ejecutivo a entregar aquellos documentos, o piezas de convicción que han sido reclamados por los jueces, por considerar que en ellos hay indicios de delito. El Gobierno se ha negado a enviar los papeles de Laos, los del Cesid, los de los Fondos Reservados... En todos estos casos porque considera que existe una calificación de secreto de esos documentos y que no se pueden entregar a los jueces y tribunales".