Según los sindicatos, tanto Francisco Alvarez, jefe superior de la Policía de Bilbao en 1983, como los otros implicados podían haberse amparado en la Constitución para desobedecer las órdenes que recibieron para intervenir en el secuestro de Segundo Marey.

El portavoz de la Asociaión Nacional de Policía Uniformada (ANPU), Florentino Díez, manifestó a Servimedia que cuando un agente o un responsable policial recibe una orden ilegal, no sólo no tiene que acatarla, sino que debe denunciarla.

En su opinión, Francisco Alvarez debe explicarse mejor, puesto que la obediencia debida no es una justificación. En este sentido, agregó que el marco legal establece claramente que los agentes no están obligados a obedecer ante una orden ilegal. "Su obligación es, primero, como policías, no aatarla, y después, denunciarla", dijo.

Por su parte, el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, aclaró que la obediencia debida estaba recogida en el Reglamento Orgánico de la Policía Gubernativa (ROPG) de 1975, vigente hasta 1986, por lo que Francisco Alvarez tiene razón en parte cuando alega que en el secuestro de Segundo Marey actuó siguiendo órdenes de Julián Sancristóbal.

No obstante, matizó que "ya en el año 83 había democracia suficiente com para que un policía supiera que podía negarse a hacer según qué cosas", en referencia a actuaciones atentarias contra los derechos fundamentales que establece la Constitición.

En este sentido se pronunció también el secretario general del Sindicato Profesional de Policía Uniformada (SPPU), Francisco Javier Santaella, quien señaló que la Constitución de 1978 prevalecía sobre el mencionado reglamento, por ser una norma de mayor rango. "Hubiera podido decir que no", puntualizó.