Sáenz de Santamaría fue imputado por el juez Garzón en el 'caso Oñaederra' el pasado 7 de de mayo junto con el teniente general Andrés Cassinello y el general Enrique Rodrígez Galindo, al considerar que tuvo "una eventual participación prestando su autorización o consentimiento a la formación y desarrollo" de los GAL a partir de julio de 1983. Tras prestar declaración ante el magistrado, Sáenz de Santamaría quedó en libertad sin que el juez adoptase medidas cautelares contra él.

En un escrito dirigido al juzgado y al que ha tenido acceso Servimedia, el abogado del militar, Miguel Cid, señala que el juez basó la imputación de Sáenz de Santamaría en dicha causa en los docuentos del CESID aportados por el coronel Juan Alberto Perote "como fruto o consecuencia de su delictiva actuación, con lo que no sorprende en absoluto, si se valoran con un mínimo de ecuanimidad, objetividad o imparcialidad, que se confirme que dichos documentos sean una burda manipulación o falsificación".

Así, indica que desaparecidos los indicios derivados de dichos documentos tras la negativa del Gobierno a desclasificarlos, "han desaparecido por consiguiente las razones o fundamentos de la imputaión".

Además, resalta que Sáenz de Santamaría no pudo haber intervenido en la formación de los GAL en julio de 1983, tal como le atribuye el juez, dado que entonces era capitán general de Cataluña, con sede en Barcelona, no asumiendo el cargo de director general de la Guardia Civil hasta finales de octubre de ese año.

Por todo ello, pide al juez que dicte el sobreseimiento sobre Sáenz de Santamaría y deje sin efecto el auto de imputación dictado contra él en mayo pasado.

En su escrito, la deensa del teniente general también destaca que "existe la muy razonable posbilidad" de que el juez Garzón esté actuando "fuera de los límites" de su competencia, dado que el magistrado del Tribunal Supremo Eduardo Móner, que instruye el sumario matriz de los GAL, dictó una resolución en junio de este año señalando que los jueces de la Audiencia Nacional no deben actuar en la investigación que es competencia del Alto Tribunal y en particular en la fundación, organización y estructura de los GAL.

Por ell, indica que la instrucción realizada por Garzón "daría lugar a su vez a la nulidad de todo lo actuado, con lo que la revisión, mediante su reforma, de la imputación que pesa sobre mi representado resulta igualmente ineludible e inaplazable".

Además, la defensa de Sáenz de Santamaría también recurre en su escrito la decisión del juez Garzón de prorrogar por cuarta vez el pasado 19 de agosto el secreto del sumario del 'caso Oñaederra'. El abogado alega que esa medida provoca indefensión al teniente genral, ya que le impide conocer "el exacto y completo contenido de las imputaciones contra él y quién y en qué circunstancias se han realizado".

En este sentido, recuerda que el magistrado señaló en el auto de prórroga del secreto que éste es necesario por no haberse comunicado al juzgado la negativa del Gobierno a desclasificar los documentos del CESID, por lo que, añade, una vez conocido el acuerdo del Consejo de Ministros no tiene justificación alguna mantener dicha medida.