El artículo constitucional forma parte del capítulo denominado "Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales" y afirma textualmente: "El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congres de los Diputados".

Almunia anunció hoy que su grupo elaborará un informe jurídico para determinar si este precepto podría cuestionar la potestad de la comisión de investigación del Senado para "determinar las responsabilidades políticas" del "caso GAL", como reza el mandato aprobado por el pleno de la Cámara.

En rueda de prensa, Almunia recordó que la Constitución Española, a diferencia de otras de nuestro entorno como la italiana, otorga al Congreso unas atribuciones de las que carece el Senado como por ejemplo, la investidura del presidente del Gobierno o los debates de mociones de censura o mociones de confianza.

El PSOE sospecha que, de acuerdo con el artículo 108, podría suceder lo mismo con la exigencia de responsabilidades políticas al Gobierno. El Congreso de los Diputados podría tener potestad constitucional para ello y el Senado no.

Joaquín Almunia explicó que su grupo, aparte de realizar un informe jurídico, de momento sólo traslada públicamente sus "dudas" al resto de formacones y no tiene previsto presentar ninguna iniciativa concreta, aunque consideró probable que en fechas próximas plantee este tema en la Mesa del Senado.

Cuando se le preguntó si el PSOE podría incluso recurrir al Tribunal Constitucional, el dirigente socialista se limitó a señalar que, a día de hoy, no ve una vía clara por la que haya que acudir al Alto Tribunal por este asunto.

Almunia negó que tras estas "dudas" que hoy hizo públicas, se esconda una argucia jurídica para demorar la puesta en mrcha de la comisión de investigación del Senado. Aseguró que el PSOE se opone a la comisión, pero una vez aprobada su creación, lo único que pretende es que no se interfiera la investigación judicial sobre este caso actualmente en marcha.