"El señor Almunia demuestra su incapacidad para respetar las reglas de juego en un Estado de Derecho. La calumnia es un delito y, cuando se hace desde una posición tan relevante como la Secretaría General del PSOE, s un acto detestable que demuestra la irresponsabilidad manifiesta de su titular", asegura en un comunicado.

El diputado popular recuerda que su Grupo ha mantenido silencio durante el desarrollo del juicio, incluso cuando conoció la citación como testigo del vicepresidente primero del Gobierno, "secundando la peregrina teoría de la conspiración lanzada como cortina de humo por algunos procesados".

Con esta medida, a su juicio, se pretendía "convertir en acusados a quienes nada han tenido que ver on la comisión de delitos que repugnan la conciencia de cualquier demócrata".

"Pero no podemos callar cuando un dirigente político, nada menos que el secretario general del PSOE, calumnia al señor Alvarez Cascos sin prueba alguna, como él mismo reconoció ayer, acusándole de haber cometido perjurio", añade.

Las declaraciones del ex ministro procesado, José Barrionuevo, que confiesa haber solicitado la intercesión de Alvarez Cascos para excarcelar a Ricardo García Damborenea demuestran "el escaso rspeto de su autor hacia la independencia judicial" y ponen de manifiesto "el rasgo humanitario del ex ministro hacia una persona que el PSOE había estigmatizado".

"Si no dudó en solicitar una actuación manifiestamente ilegítima a un miembro de la oposición, qué no habría hecho para que su partido y el Gobierno de Don Felipe González presionaran a los magistrados hipotéticamente accesibles a la influencia socialista", apostilla.

En cualquier caso, Jaime Ignacio del Burgo concluye que los acontecimentos de los últimos días "revelan los efectos perversos" de la modificación que el Gobierno socialista introdujo en la Ley Orgánica del Poder Judicial, al establecer la elección política de todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El consiguiente "entierro" de la separación de poderes ha provocado "una contaminación política de las altas magistraturas judiciales incompatible con la letra y el espíritu de la Constitución", asegura el diputado popular.