Según estas fuentes, el pasado 2 de noviembre, el juez Móner remitió un oficio a la Secretaría de Estado de Interior acordando que facilitase a Planchuelo las medidas necesarias para garantizar su integridad física.

Este oficio fue respondido por la Secretaría de Estado de Interior mediante un escrito de fecha de 1 de agosto por el que ordenaba al director general de la Policía, Angel Olivare, que facilitase "los medios necesarios de protección para velar por la integridad física de Miguel Planchuelo".

Interior adoptó esa decisión después de recibir una comunicación en ese sentido del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que entonces instruía el 'caso GAL'.

Sin embargo, de acuerdo con las fuentes consultadas, la Dirección General de la Policía no ha adoptado desde entonces ninguna medida para cumplir esos requerimientos, por lo que Planchuelo continúa sin tener escolta.

La petición de protección policial para Planchuelo fue realizada por su abogado, José Anibal Alvarez, el pasado 26 de julio al juez Garzón, después de que el ex comisario compareciese voluntariamente ante el magistrado los días 15 y 16 de ese mes ampliando su anterior declaración sobre el 'caso GAL' e inculpando al ex ministro del Interior José Barrionuevo en el secuestro de Segundo Marey.

El abogado justificó la petición de protección oficial para Planchuelo "en razón a una serie de garantías que dbe tener hacia su persona por las declaraciones que realizó los días 15 y 16 pasados".

Planchuelo se encuentra en libertad desde que el pasado 26 de julio depositase la fianza de 2 millones de pesetas que le impuso la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.