La declaración, que consta de 9 puntos, es previa al pronunciamiento del CGPJ sobre la solicitud de amparo de Garzón, que será abordada por el pleno esta tarde, aunque en su totalidad hace referencia a la polémica y críticas suscitadas fundamentalmente entre los políticos, como consecuencia de la instrucción del sumario por el secuestro de Segundo Marey por los GAL por parte del juez de la Audiencia Naconal, al que, sin embargo, no menciona en ningún momento.

Así, el pleno señala que resulta "particularmente lamentables las afirmaciones e insinuaciones" según las cuales el poder judicial carece de legitimidad democrática y dispone, en cambio, de un poder que constituiría un peligro para el equilibrio constitucional de los poderes del Estado, en alusión a las declaraciones efectuadas en este sentido recientemente por el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Xabier Arzalluz.

El CGPJ recuerda por contra, que la democracia no exige que todos los que ejercen funciones públicas sean designados mediante sufragio universal, como es el caso de los jueces, cuya función y designación responde al sistema establecido en la Constitución y leyes.

Por ello, afirma que se opone a dichos ataques que, a su juicio, entrañan un rechazo de las reglas constitucionales y legales y que sólo logran "confundir e inquietar a los ciudadanos, sin que de ellos derive la menor mejora de nuestras instituciones y del cima social y político. Por el contrario, entorpecen gravemente la necesaria acción de la Justicia", agrega.

CONFLICTOS

El consejo del poder judicial precisa, sin embargo, que con esta declaración "no pretende crear tensiones o conflictos con otros poderes del Estado y desea evitar hasta la menor apariencia de intervención en la lícita pugna de los partidos políticos o en la legítima dialéctica parlamentaria", aunque matiza que no puede guardar silencio ante esta situación sin incurrir en incumplimieto de su función constitucional", por lo que hace un llamamiento a evitar actuaciones que puedan lesionar la dignidad y la acción de la justicia.

El CGPJ también señala que la discrepancia con algunas actuaciones judiciales no justifica la difusión de la creencia de que se ha extendido en la judicatura una actitud de irresponsabilidad o afán de injerencia en ámbitos impropios de la potestad jurisdiccional y señala que los jueces y magistrados no amenazan el equilibrio constitucional de los poderes delEstado, ni distorsionan el funcionamiento de las instituciones, "ni están interviniendo o deformando las luchas y tensiones del pluralismo político".

Insiste también en que existen unos cauces procesales para mostrar el desacuerdo con las resoluciones judiciales y precisa que el derecho de defensa y la libertad de expresión no amparan que nadie acuse a jueces y magistrados de un comportamiento ilícito e incluso delictivo, ni mucho menos que eso lo hagan los representantes de poderes del Estado o de patidos políticos.

SANCRISTOBAL

Respecto a la entrevista realizada en la cárcel al ex director general de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal por Televisión Española, indica que, en su opinión, se ha cometido "un error muy grave y lamentable al difundir uno de los antes aludidos ataques a un magistrado-juez por un medio de comunicación de titularidad pública que, legalmente, se concibe como un servicio público. La libertad de información y de prensa no amparan semejante suceso".

En este sntido, el vocal Javier Gómez de Liaño presentó un voto particular concurrente a la declaración para añadir a ésta que "los permisos para entrevistar a Sancristóbal, concedidos unilateralmente por la administración penitenciaria, sin la preceptiva autorización del magistrado-juez instructor del sumario, constituye una apropiación indebida de atribuciones que debe investigarse y, en su caso, enjuiciarse en legal forma".

JUICIOS PARALELOS

El CGPJ también expresa "sin ambages su criterio negativo" sobrelos "juicios paralelos", sobre los que dice que hay un vacío legal "que debe colmarse cuanto antes" con normas que tutelen el derecho al honor y a un juicio justo, y que conjuren los riesgos de cercenar derechos fundamentales y libertades.

Asimismo, se pronuncia sobre el secreto sumarial, del que dice que debe ser "escrupulosamente respetado", sin que esto implique menoscabo de la libertad de información, sino elemental protección de bienes y derechos que han de armonizarse con dicha libertad, como eldel honor. En este sentido, el CGPJ aclara que el secreto sumarial puede ser infringido, además de por el juez, por otras personas que tengan acceso a las actuaciones sumariales.

Finalmente, señala que el secuestro de Segundo Marey, al que califica de "hechos muy graves", está aún pendiente de esclarecimiento y destaca que la lucha contra la delincuencia "nada puede justificar, en ningún orden de cosas, prescindir o apartarse de las reglas penales y procesales establecidas en la Constitución y en las eyes".

"No hay ninguna razón justificadora de la subversión de la legalidad y es del todo indeseable que se impida, obstaculice o dificulte la serena y enérgica reacción jurídica, por los cauces jurisdiccionales, frente a los aludidos hechos", indica.