El manifiesto, que comenzaba diciendo que "carecen de toda credibilidad las afirmaciones del Gobierno de que no existe constancia de ninguna responsabilidad política en la creación de los GAL", estaba firmado por un total de 39 personas (catedráticos, escritores, cantantes, economistas), de las que 6 eran jueces o magistrados.

Barrionuevo indicaba en su escrito que las críticas vrtidas por los seis jueces contra autoridades públicas constituye una falta grave según la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, fuentes del CGPJ ya adelantaron que la denuncia no prosperaría porque la firma de dicho manifiesto por parte de los magistrados constituye su legítimo derecho constitucional a la libertad de expresión.

La Comisión Disciplinaria del CGPJ ha archivado la denuncia de acuerdo con el informe que había solicitado al Servicio de Inspección de este órgano sobre el escrito deBarrionuevo.

Asimismo, el CGPJ ha desestimado definitivamente el recurso de Javier de la Rosa contra el juez de instrucción de Barcelona Joaquín Aguirre, a quien acusaba de dilación injustificada en el proceso que instrye contra él por su presunta responsabilidad en la gestión fraudulenta de Grand Tibidabo.

La Comisión Disciplinaria ha archivado el escrito de acuerdo con los informes del Servicio de Inspección y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.