Así lo explicó en rueda de prensa el parlamentario del PNV Emilio Olabarría, quien insistió en que su grupo repudia las manifestaciones que en su día hizo Barrionuevo contra el juez instructor del "caso GAL", porque atentan "gravemente" contra la independencia del poder judicial y son susceptibles de generar crispación política.

El diputado explicó que el PNV optó finalmente por retirar su petición a la vista de queen el Reglamento del Congreso, y en concreto en los artículos 16 y 106, relativos a la potestad sancionadora, no existen posibilidades de castigar a Barrionuevo porque le asiste el derecho a expresar libremente su opinión.

No obstante, Olabarría opinó que se deben seguir buscando fórmulas jurídicas para que se sancionen este tipo de conductas y para que el Parlamento no se mantenga "inactivo e impasible ante declaraciones de este tenor".

En este sentido, anunció que su grupo presentará varias enmendas en la reforma del Reglamento de la Cámara que está siendo abordada en la actualidad, con el fin de dar "materialidad sancionadora" al derecho parlamentario y para que no queden impunes actitudes como la de Barrionuevo.

ATENTAR CONTRA OTROS PODERES

"El Reglamento de la Cámara", añadió, "tiene que respetar el derecho de opinión de todos los diputados y se tiene que mantener la inviolabilidad derivada del ejercicio del derecho de opinión, pero tiene que haber algún límite objetivo, para que este erecho de opinión no sea tan universal como para atentar contra otros poderes del Estado".

Olabarría explicó que durante el debate originado en la Mesa del Congreso con ocasión de la petición del PNV todos los grupos políticos con representación en el órgano de gobierno de la cámara repudiaron las declaraciones de Barrionuevo, salvo el PSOE, que se reservó su opinión política.

Asimismo, recordó el cargo que desempeña Barrionuevo como presidente de la Comisión Constitucional del Congreso no le legtima desde el punto de vista político para hacer manifestaciones en contra de la independencia del poder judicial.

Por su parte, el vicepresidente segundo de la Mesa del Congreso, el popular Federico Trillo, compartió las tesis del representante del PNV y resaltó que el PP ha reprobado políticamente las afirmaciones de Barrionuevo, porque fueron "inaceptables" y atacaron frontalmente contra la independencia y dignidad de un juez como Baltasar Garzón.

Trillo señaló que el debate surgido hoy en el rgano rector del Congreso fue constructivo y que en él se detectó la ausencia de doctrina jurídica suficiente para sancionar la conducta del ex ministro del Interior.

El vicepresidente primero de la Mesa, el socialista José Beviá, indicó que a este órgano le corresponde velar por el buen funcionamiento de la Cámara y porque no se produzcan desórdenes graves en la actividad parlamentaria. "Y no parece ser que la palabra o el contenido de unas declaraciones por sí solas puedan ser motivo de alteración",remachó.

Beviá puso de relieve que la mayoría de los miembros de la Mesa constataron que este hecho está reñido con el principio de la inviolabilidad por las manifestaciones que pueda hacer algún diputado. "Sería faltal como precedente", precisó, "que la Mesa entrara a considerar la palabra por si sola como un elemento de desorden, y eso ha sido la razón fundamental por la que el PNV ha retirado su propuesta".