Los dos peritos consideraron que Marey sufrió estas pérdidas como consecuencia de dos cuestiones principales: el dinero que dejó de ingresar durante su detención y los fallos en los pagos a la Seguridad Social -durante el secuestro y la posterior baja laboral-, que le han llevado a una minoración de su cotización y por lo tanto, a una menor pensión tras su jubilación.

Además, según los peritos, Marey perdió contactos importantes y bajó su rendimiento tras el suceso, como s demuestra en la diferencia en el número de reuniones que mantenía antes y después del secuestro.

Para los peritos, todas estas pérdidas se cifran en casi 40 millones de pesetas. Por ello, la abogada de Marey, Olga Tubau, solicita una compensación para su cliente de 125 millones de pesetas: los 40 que dejó de percibir, más 85 millones en concepto de daños físicos y morales irreparables. Por su parte, el fiscal solicita una indemnización de 36 millones de pesetas.

Los expertos económicos fueron duamente atacados por la defensa de los ex policías José Amedo y Míchel Domínguez, realizada por el letrado Jorge Manrique, quien insistió a los peritos para que detallaran de dónde salían "tan elevadas" pérdidas.