GAL. LA OPOSICION EXIGE AL GOBIERNO QUE ASUMA RESPONSABILIDADES POLITICAS EN EL "CASOGAL"
- IU pregunta sobre el uso de los fondos reservados y advierte que no aceptará un pacto de silencio
- Olabarría (PNV): "Tenemos que sacar la conclusión de que el Estado no es igual que una organización terrorista"
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Todos los grupos de la oposición coincidieron durante la comparecencia en el Congreso del ministro de Justicia e Interior, Juan Aberto Belloch, en exigir al Gobierno que asuma las responsabilidades políticas derivadas del `caso Gal`, en cuya trama los ex policías, José Amedo y Michel Domínguez, implican al Ejecutivo.
También destacaron el talante democrático del ministro y reconocieron la incomodidad de esta comparecencia para informar de un asunto que se produjo muchos años antes de que Belloch se hiciera cargo de este departamento.
"No está usted sujeto a un examen personal de ajuste a las prácticas democráticas", le aseuró el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, quién además del pidió que fuera "el ministro de la democracia en lucha por la libertad".
Francisco Alvarez Cascos, que en la primera parte de su intervención se mostró dispuesto a "creer las palabras del presidente", lanzó una dura crítica contra la actuación de Felipe González en este caso y en otros de corrupción que han salpicado al Gobierno y que están ahora en manos de los jueces.
CRITICA CONTRA GONZALEZ
"Los casos que pasan a manos de los jueces dijo, son asuntos en los que de una u otra forma el Gobierno del señor González o los ha auspiciado o los ha autorizado, o los ha amparado, o los ha tolerado, o los ha consentido, o ha sido negligente para atacarlos".
En lo referido en concreto al 'caso Gal', Cascos deslindó las actuaciones judiciales de las responsabilidades políticas y aseguró que "cuando los jueces condenan civil o penalmente a personas que tuvieron o tienen vínculos con la administración están condenado políticamente a quién con u estilo de Gobierno propició esas conductas".
"Señor Belloch", añadió, "dígale al señor González que si lo jueces condenan al señor Sancristóbal, políticamente condenan al señor González y a su Gobierno".
El portavoz popular juzgó "una torpeza" la resistencia del Ejecutivo a informar al Parlamento sobre este asunto porque esa actitud solo sirvió para "retrasar lo inevitable".
Cascos pidió "credibilidad" y reclamó conocer las actuaciones impulsadas desde Interior para esclarecer los hechos qe se imputan a varios antiguos dirigentes de ese departamento.
También mostró su extrañeza porque el Ejecutivo no haya adoptado acciones legales en contra de quienes lo calumnian y se preguntó si es que "tienen miedo de que Amedo y Domínguez puedan probar su verdad".
SIN CONTENIDO
El portavoz de IU, Antonio Romero, juzgó que Belloch había hecho una intervención "vacía de contenido" que es fiel reflejo de un "Gobierno sin iniciativa política y sin deseo de arrojar luz sobre la trama de los Gal". Romero puso en entredicho la credibilidad del presidente González en su intervención de ayer y afirmó que su aparición pública no ha conseguido que se supere "la crisis política, el desasosiego y la crisis económica en la que estamos sumidos".
El diputado de IU rechazó las tentaciones que pueden surgir en los Estados democráticos de tomar "atajos" en la lucha antiterrorista y afirmó que "contra ETA no se pueden usar sus mismas armas".
Advirtió también al ministro que su grupo nunca participaá en un pacto de silencio para ocultar el funcionamiento de las cloacas del Estado.
FONDOS RESERVADOS
Romero acabó su intervención con una tanda de once preguntas en las que pidió al ministro que explicara si desde su ministerio se había pagado sueldos a los ex policías condenados por el caso Gal, José Amedo y Michel Domínguez, con fondos reservados y a cambio de qué.
También solicitó información sobre las motivaciones del paso a tercer grado de los dos reclusos y pidió confirmación de la notica de que ambos habían pedido al ministro 600 millones de pesetas para seguir callados.
FIRMEZA CONTRA LOS CULPABLES
Emilio Olabarría, portavoz del PNV, consideró muy probable que de la investigación judicial se desprendan responsabilidades políticas y aconsejó proceder "con firmeza" contra las personas que resulten implicadas para evitar que los valores democráticos resulten dañados y que haya tentaciones de algunos "de justificar el crimen y la tortura por razones de Estado porque de ese modo se aprtarían elementos de legitimidad a ETA".
El portavoz del PNV pretendía de la sesión celebrada esta mañana "sacar la conclusión de que el Estado no es igual que una organización terrorista y la convicción de que estas actuaciones no se van a repetir".
En su opinión, la situación política actual es preocupante pero no está "absolutamente degradada y por tanto no es necesaria una regeración sino más bien una clarificación".
Olabarría recomendó al ministro que ataje las declaraciones contradictoias de algunos miembros del PSOE y ex responsables de Interior pidiendo generosidad para los implicados en el `caso Gal` porque "dan la impresión a la opinión pública de que se quiere tapar algo".
CiU fue el único grupo que afirmó quedar convencido por las explicaciones del ministro de Justicia e Interior y su portavoz se limitó a invocar el principio de presunción de inocencia para valorar al actual situación de los antiguos responsables de la lucha antiterrorista encarcelados.
(SERVIMEDIA)
30 Dic 1991
SGR