En un informe remitido al instructor del 'caso GAL', Eduardo Móner, a requerimiento de éste sobre la protección de Planchuelo, que fue acordada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón el pasado 1 de agosto, Olivares ndica que según informa la Comisaría Provincial de Salamanca, dicho servicio permanente de seguridad del edificio en el que reside el ex comisario "recientemente se ha potenciado con la instalación de un circuito cerrado de televisión".

Precisa que, además, "no son frecuentes sus desplazamientos por la ciudad y en la mayoría de los casos lo hace acompañado por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, con los que tiene excelentes relaciones".

Agrega que "con frecuencia se realizan contravigilacias en torno a su persona, sin que por el momento se hayan detectado situaciones anormales ni mucho menos de riesgo, por lo que en opinión de la citada comisaría provincial no existen razones objetivas que aconsejen modificar las condiciones de seguridad del sr. Planchuelo".

Destaca que, además, "los medios personales y materiales con que cuenta dicha comisaría son limitados e imprescindibles para atender las necesidades propias de la seguridad ciudadana en dicha ciudad".

El informe de Olivares ambién recoge que Planchuelo hace sus desplazamientos a la Audiencia Nacional "en vehículos particulares y en compañía de los funcionarios señalados en el epígrafe anterior, debiendo significar que, en torno a la sede del citado tribunal, se halla establecido un dispositivo de seguridad dentro del Plan de Prevención Antiterrorista implantado en Madrid".

Finalmente, resalta que Planchuelo "por su larga experiencia dentro del Cuerpo Nacional de Policía es perfectamente conocedor de los sistemas de autopotección y medidas de seguridad que se deben adoptar en estos supuestos".

Este informe fue solicitado por el juez Móner a la Secretaría de Estado de Interior el pasado mes de enero, tras reiterar el abogado de Planchuelo, José Anibal Alvarez, su petición para que le fuese facilitada la escolta acordada por el juez Garzón en agosto y que hasta la fecha no dispone.

En concreto, Móner pidió a Interior que le informase desde qué fecha tiene escolta el ex comisario, qué tipo de protección se le está dndo y efectivos que cuenta dicho dispositivo, y si en sus desplazamientos a Madrid o en Salamanca donde reside dispone de protección para salvaguardar su integridad física.

La escolta de Planchuelo fue decretada por el juez Garzón a requerimiento de la defensa del ex comisario después de que el ex jefe superior de Policía de Bilbao compareciese voluntariamente ante el magistrado para ampliar su anterior declaración sobre el 'caso GAL'.

Sin embargo, a pesar de la resolución del magistrado, Interio no facilitó medidas de protección a Planchuelo, por lo que su defensa volvió a requerirlas a Móner. Este remitió el pasado 2 de noviembre un oficio a la Secretaría de Estado de Interior acordando que se facilitase al ex mando de la Policía las medidas necesarias para garantizar su integridad física.

Como respuesta a ello, Interior contestó al magistrado que el pasado 1 de agosto ordenó al director general de la Policía que facilitase "los medios necesarios de protección para velar por la integridad fsica de Miguel Planchuelo". Sin embargo, esto no se cumplió, por lo que su abogado volvió a requerirlo a finales del pasado año al juez del Tribunal supremo, según las citadas fuentes.