Mayor Oreja afirmó que la legislación sobre ayudas a víctinmas del terrorismo "nunca ha limitado sus beneficios a las víctimas de delitos calificados como de terrorismo por los órganos jurisdiccionales, (el GAL no ha sido considerado banda terrorista) sino que ha extndido su ámbito de aplicación también a los delitos cometidos por cualquier tipo de asociaciones criminales armadas".

"En definitiva", agregó Mayor Oreja, "la aplicación que realiza el Gobierno de la normativa sobre ayudas a víctimas de terrorismo está sujeta, como toda actuación administrativa, al principio de legalidad y, evidentemente, está obligado a otorgar esta ayuda a todos los solicitantes que se encuentran en los supuestos previstos en dicha normativa y que justifiquen su derecho de acuerdo cn el procedimiento legalmente establecido".

Mayor Oreja puso como ejemplo la ayuda dada a la familia de Tomás Alba Irazusta, que fue asesinado por el Batallón Vasco Español el 28 de septiembre del 1979 en San Sebastián, y aseguró que "se están tramitando ya las solicitudes formuladas por familiares de 18 personas presuntamente asesinadas por los GAL".