Dicha resolución, que el magistrado dirigió al Ministerio de Defensa el 20 de mayo de 1996 para que éste, a su vez, la elevase al Consejo de Ministros, recogía una transcripción de los documentos del CESID cuya desclasificación pedía para sus investigaciones del 'caso Lasa y Zabala', que está declarado secreto, y fue publicada el pasado 17 de diciembre por vaios diarios.

De acuerdo con estas fuentes, el magistrado adoptó esta decisión después de recibir ayer un escrito firmado por el propio Serra en el que éste descarta, tras haber realizado una investigación interna en su departamento, que la filtración de dicho auto procediese de su ministerio, aunque reconoce que el auto elevado por Gómez de Liaño al Gobierno llegó a Defensa cuando él ya era el titular.

El pasado martes, Gómez de Liaño dictó una resolución en el que anunciaba la remisión al Tribunl Supremo de las investigaciones que realizó sobre la filtración de su auto, que, según precisaba, "toleran deducir, con fundamento, que la filtración y posterior divulgación" de su auto "tuvo su fuente en el Gabinete del Excmo. Sr. Ministro de Defensa".

Por ello, consideró que "el siguiente paso a dar por el instructor tendría que ser conocer la versión de quien, según el pie del documento, fue el destinatario de la exposición elevada al Gobierno de la Nación; es decir el sr. ministro".

Sin embago, afirmó que era lógico remitir las diligencias de investigación a la Sala Segunda del Tribunal Supremo dada la condición de aforado del ministro, para que el Alto Tribunal decidiese si la versión de Serra sobre los hechos "debe conocerse a través de mero testimonio por escrito o mediante narración documentada precedida de una imputación generadora de derechos".

Las citadas fuentes señalaron que el magistrado, tras suspender su consulta al Alto Tribunal, procederá ahora a practicar una serie de diliencias encaminadas a comprobar la versión del ministro, entre las que podría figurar tomar declaración a varios miembros de su gabinete.

Previamente, el juez ya había hecho otras diligencias, como un análisis pericial del sello que aparecía en uno de los documentos publicados que confirmó que correspondía al "Registro de Entrada" del Gabinete del ministro de Defensa, y tomó declaración a los periodistas que firmaban las informaciones sobre los papeles, quienes negaron que sus fuentes fueran los juzgads número 1 y número 5 de la Audiencia Nacional, cuyos titulares son Gómez de Liaño y Baltasar Garzón.