El fiscal pidió asímismo al juez Javier Gómez de Liaño, durante la declaración de varios testigos del 'caso Lasa y Zabala', que Argote se apartase por ello como abogado de varios de los imputados en la causa, entre ellos el general Enrique Rodríguez Galindo y losagentes Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo, principales sospechosos del secuestro y asesinato de los dos presuntos etarras.

La decisión del fiscal de pedir su imputación y la del ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, que posteriormente fue acordada por el juez, provocó que Argote denunciase ante el magistrado al representante del ministerio público por delito de coacciones, vulneración de derechos constitucionales, por provocar indefensión y por actuación negligente.

Estos hchos fueron estudiados hoy por la Junta de Fiscales de la Audiencia Nacional que, tras analizar el acta judicial sobre los mismos, acordó comunicarlos al fiscal general del Estado, Carlos Granados, y respaldar al fiscal Santos en su actuación.

Además, la actuación del representante del ministerio público también fue avalada por el juez Gómez de Liaño, quien remitió un escrito al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, en el que indica que "la actuación del fiscal fue de muy ejemplar profesinalidad y presidida exclusivamente por la rectitud de los principios de legalidad e imparcialidad".

En su escrito, Gómez de Liaño también precisó que las acusaciones de Argote contra el fiscal "me parecen y siguen pareciendo tan insoportables como graves y de ahí que me tome la libertad para pedir que el ministerio fiscal actúe con la prudente firmeza que reclama su posición constitucional".

Ahora corresponderá al fiscal general del Estado pronunciarse sobre la denuncia de Argote, quien ayer pidi al juez que se remitiese testimonio de sus acusaciones a Granados, al Consejo General del Poder Judicial, al Colegio de Abogados de Madrid y al Consejo General de la Abogacía.