En una providencia dictada hoy,el juez Móner acuerda, sin embargo, remitir la petición de Domínguez al Ministerior de Justicia e Interior, tal como solicitó el ministerio fiscal.

Móner recuerda en su resolución que Domínguez tiene la condición de penado, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 1992, que le condenó a más de 108 años de cárcel por su relación con los GAL, así como la de procesado, según el auto dictado en ese sentido por el juez Baltasar Garzón el pasado mes de mayo en el 'caso GAL'.

Por ell, señala que la colaboración con la justicia que alega el ex policía, que fue tenida en cuenta y valorada para modificar su situación penitenciaria, "no transforma su condición en la de testigo ni, en consecuencia, entra en el ámbito estricto de aplicación" de la Ley de Protección a testigos y peritos en casusas criminales.

Añade que, además, dicha ley "sólo prevé en su artículo 3.2 que a los testigos y peritos 'en casos excepcionales podrán facilitárseles documentos de una nueva identidad y medios ecnómicos para cambiar de residencia o lugar de trabajo'".

Domínguez había basado su petición de una pensión de manutención, que estimó en cerca de medio millón de pesetas mensuales, en "la más elemental lógica y en la Ley de Protección de Testigos" ya que, según indicó en su escrito, "a la vez que coimputado, habida cuenta de que él mismo ha revelado al instructor de esta causa los hechos por los que se está encausado, es testigo en el sumario 1/88 con derecho a ser protegido y a que se le cubran las ncesidades mínimas".

El ex policía fundamentó su petición en un auto del juez Garzón del pasado 17 de diciembre, en el que el magistrado dispuso, entre otras cosas, que "el Ministerio de Justicia e Interior provea de los medios necesarios de protección y escolta móvil y estática, así como la manutención y prestaciones necesarias que se les produzca por la situación de vigilancia y protección permanente" a Domínguez y al ex subcomisario José Amedo.

En su escrito, la defensa de Domínguez pecisó que a raiz de la amplia colaboración que ha prestado con la justicia, poniendo en peligro su integridad física", el juez Garzón acordó medidas de protección para el ex policía que le provocaron "una serie de trastornos que hacen imposible el poder disponer de un puesto de trabajo debidamente remunerado, como es el que dispone en la actualidad".

Señaló que a causa de esa escolta, los ingresos netos de que dispone se limitan a 75.000 pesetas al mes dado que el grueso de las retribuciones por su trabajo son as comisiones por la cartera de clientes que va obteniendo como vendedor de seguros, "sobresueldo que le es imposible seguir manteniendo, ya que es muy difícil en su caso compaginar la protección con la actividad laboral, pues donde quiera que vaya, por así decirlo, ahuyenta a los potenciales clientes, debido a la inseguridad que transmite".

Finalmente, estimó en cerca de medio millón de pesetas la cantidad necesaria para cubrir sus gastos de manutención, consistentes, entre otros, en el alquiler de l vivienda, dado que no puede ser de propiedad por razones de seguridad, los gastos de la misma y el colegio de los hijos, que no puede ser público al no estar la familia empadronada también por razones de seguridad.

Esta solicitud fue criticada tanto por diversas asociaciones de jueces, que la calificaron de "ridícula", como por el Ministerio del Interior que precisó, además, que no dispone de un partida presupuestaria para facilitar a Domínguez dicha pensión.