El juez Móner ha adoptado esta decisión antes de resolversi accede a reclamar a su vez al CESID dichos documentos, tal como le solicitó recientemente la acción popular en el 'caso GAL'.

En su respuesta al instructor del 'caso GAL', el juez Garzón especifica los documentos que reclama al CESID, al que pide también "cualquier otro documento o microficha en el que se haya tratado el fenómeno de los GAL con ese u otro nombre y que encajaría en lo que se ha dado en llamar 'guerra sucia contra ETA' o determinados episodios ilegales contra esa organización entre 183 y 1987", según el informe de Garzón al que ha tenido acceso Servimedia.

Entre los documentos concretos que reclama, además del denominado 'acta fundacional' de los GAL, figuran otros cuya existencia desveló el coronel Juan Alberto Perote al magistrado en su declaración del pasado 6 de octubre, uno de noviembre de 1983 en el que se informa al entonces director general del CESID, Emilio Alonso Manglano, "sobre la localización en Francia de diversas personas relacionadas con ETA, tales como 'Pello el iejo', Mikel Lujúa y Antxón Etxebeste, entre otros".

Asímismo, se encuentran otros de octubre de 1984 y de finales de ese mismo año "en los que se hacen mención a las represalias contra miembros de ETA en el sur de Francia y evaluación o desglose de las acciones producidas y relacionadas con los GAL, estimando como probable que en el mismo se hiciera referencia a personas que podían estar al tanto de los hechos producidos y reinvindicados por aquella organización".

También figura la nota de despaho elaborada por el coronel Perote, "cuyo contenido al parecer es el que sigue: 'De fuente totalmente segura se sabe que están previstas realizar acciones violentas en el sur de Francia en fechas inmediatas. Estas acciones se llevarían a cabo por miembros de la Guardia Civil que actuarían respaldados por la Comandancia de San Sebastián'".

"Estas acciones", continúa al parecer dicho documento, del cual Garzón afirma desconocer su contenido dado que no se lo ha facilitado el CESID, "se harían en paralel con otras llevadas a cabo por individuos contratados en Francia. La selección de objetivos es inmediata. Se considera que acciones incardinadas sin una finalidad ulterior, no facilitan el éxito en la lucha contraterrorista. Al contrario sensibilizan la zona y dificultan otras acciones ya planificadas y con una finalidad más decisiva".

El juez Garzón también refleja en su contestación a la consulta de Móner las respuestas negativas dadas en diversas ocasiones por los responsables del CESID y por el miistro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, a sus requerimientos amparándose en la Ley de Secretos Oficiales.