Gómez de Liaño dice que esa medida pretende ser una salvaguarda de quien cumple con "el deber constitucional de colaborar con la Justicia".

El juez señala que, en caso contrario, el testigo "hubiera encontrado motivos para comportarse de una forma retraída e inhibida, lo cual nunca es deseable en un Estado de Derecho, pues al final, el perjuicio sería para la ecta aplicación del ordenamiento jurídico penal, facilitando, con ello, la impunidad de presuntos culpables".