El juez tomó hoy declaración como imputado al general José Bruno Otero, aesor jurídico general de Defensa, que autorizó la pensión de invalidez por el doble de su valor a Dorado, presumiblemente a instancias del general Enrique Rodríguez Galindo para que el agente guardara silencio sobre la trama de los GAL.

Según dijo hoy Bruno a Gómez de Liaño, Dorado no había perdido todavía la condición militar cuando el entonces ministro Julián García Vargas firmó la concesión de su pensión máxima por invalidez, en base a informes médicos que aseguraban que el guardia estaba destrozad psicológicamente y padecía el llamado "síndrome del Norte" en grado superlativo.

El general Bruno manifestó hoy al juez que la pensión fue tramitada en un tiempo récord. El expediente de Dorado llevaba una nota de "máxima urgencia" firmada por un teniente cuando llegó al ministerio, el 4 de mayo de 1994. Ese mismo día lo firmó Bruno y al día siguiente lo hizo el ministro.

Doce días después, el 17 de mayo, llegaba a Defensa la notificación de la condena firme por torturas al sargento Dorado, que mplicaba su expulsión de la Benemérita. El general explicó que aunque se pierda la condición militar se puede seguir percibiendo una pensión.

Según fuentes de la acusación particular, está por determinar por qué no se suspendió antes a Dorado y Felipe Bayo al estar incursos en procesos penales, lo que hubiera impedido que se les concediera la pensión, así como si no se retuvo la notificación de la condena para dar tiempo a que el agente recibiera la pensión.

Bruno fue preguntado también por la pesión de Bayo, pero ésta tuvo una tramitación muy diferente a la de Dorado, mucho más lenta, y además el general no había traído documentación sobre la misma y hablaba de memoria.