Bueren adoptó esta decisión basándose en un acuerdo de la Junta de Jueces de la Audiencia Nacional de diciembre de 1991, que estableció las normas de sustitución entr los juzgados de modo que el juzgado central de instrucción número 3, cuyo titular es Miguel Moreiras, sustituirá a su vez a cualquiera de los otros 4 juzgados centrales de instrucción que se encuentren en el ejercicio de la sustitución de otro, cuando excepcionalmente no puedan hacerlo.

Dicho acuerdo fijó que los juzgados de instrucción número 1 y 5, cuyos titulares son Baltasar Garzón y Carlos Bueren, y los juzgados número 2 y 4, de Ismael Moreno y Carlos Dívar, "se sustituirán entre si con carácterordinario, general y permanente".

Sin embargo, precisó que en el caso de que esto no pudiera ocurrir, como sucede en la actualidad con la doble recusación de Garzón y Bueren, "se hará cargo el (juzgado) número 3 de la llevanza de los otros dos juzgados centrales".

Estas normas de sustitución, según Bueren, fueron ratificadas el 12 de diciembre del pasado año por la Sala de Gobierno, la cual, ante la incorporación de García-Castellón como juez adscrito al juzgado número 3, acordó que este magistrao se hiciera cargo de todos los nuevos asuntos que entrasen en el juzgado número tres y que él y Moreiras se sustituyeran mutuamente. Tanto para Bueren como para otros jueces de la Audiencia Nacional, estas normas siguen vigentes.

Así, corresponderá ahora al juez García-Castellón resolver la recusación de Bueren, para lo que en primer lugar dará un plazo de tres días al recusado para que informe sobre el incidente. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, si Bueren acepta como cierta su recusación, qe Vera basó en su amistad hacia el juez Garzón así como hacia el propio ex cargo de Interior, se resolverá el incidente sin más trámites.

DIEZ DIAS

Por el contrario, si Bueren rechaza su recusación, el juez García-Castellón ordenará en el plazo de 10 días la práctica de las pruebas que hubieran sido solicitadas (por el momento ninguna), tras lo cual solicitará un informe al ministerio fiscal y resolverá.

En el supuesto de que García-Castellón rechace la recusación de Bueren, será este juez quie deba resolver, a su vez, la recusación planteada por Vera contra Garzón, al que imputa enemistad manifiesta hacia él, interés directo en la causa y regreso irregular a su plaza en la Audiencia Nacional tras su paso por la política.

Por el contrario, si el juez del 'caso Banesto' decide apartar a Bueren, deberá ser él quien resuelva también la recusación de Garzón, quien podría verse definitivamente apartado del 'caso Marey' si aquella prospera, supuesto en el que la instrucción del sumario recairía dfinitivamente en el juez García-Castellón.

Sin embargo, dado que la adscripción de este magistrado al juzgado de Moreiras fue aprobada en noviembre pasado por un plazo de 6 meses, si no es renovada, García-Castellón debería abandonar el juzgado número 3 de la Audiencia Nacional quedando el sumario en manos de Moreiras.

VUELTA AL CASO

Por el momento, además de la instrucción de la recusación, García-Castellón se ha hecho cargo también, hasta que resuelva el incidente, del sumario del 'caso Marey, asunto sobre el que ya tuvo ocasión de trabajar cuando ocupó la plaza dejada por Garzón durante los 7 meses en que éste estuvo en la política.

Durante aquella etapa, que se prolongó desde octubre de 1993 a mayo del pasado año, García-Castellón realizó una serie de diligencias sobre el caso, entre ellas la toma de declaración a José Amedo y Míchel Domínguez y la citación de numerosos policías relacionados con éstos. Algunas de estas actuaciones fueron respaldadas por el fiscal quien, sin embargo, se puso a otras presentado un recurso.

DE JUSTO

Según informaron hoy fuentes judiciales, una de las primeras medidas que adoptará García-Castellón será pronunciarse sobre la petición de libertad del ex secretario personal de Vera, Juan de Justo, encarcelado por orden de Garzón por considerar que fue una de las tres personas que entregó dinero de los fondos reservados a las esposas de Amedo y Domínguez.

Garzón ordenó su encarcelamiento el pasado 9 de enero acusado de un delito contra la ley de contol de cambios y de malversación de caudales públicos, lo que fue recurrido por su defensa, pero ratificado días más tarde por el juez, que le achacó además los delitos de encubridor de secuestro y de tentativa de asesinato, que motivaron la presentación de un nuevo recurso ante el magistrado.