De este modo, mediante la prórroga del secreto, que mañana vence, tan sólo el fiscal del caso puede seguir teniendo acceso a las diligencias que instruye el juez Bueren desde el pasado mes de abril.

El magistrado se hizo cargo de la causa después de que el juez de San Sebastián, Fernando Andreu, que investigaba este asunto, se inhibiese a favor de la Audiencia Nacional al entender que existían "indicios fundados" de que los presuntos etrras fueron secuestrados por los GAL.

Posteriormente, el juzgado de Alicante que también tenía abierta una causa por el hallazgo de los cadáveres de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala en la localidad Alicantina de Busot hace 10 años, remitió a la Audiencia Nacional la causa.

Este caso, que había permanecido inactivo desde hace varios años, fue reactivado a principios de este año después de que un inspector de policía de Alicante sospechase que dichos cadáveres, que fueron enterrados en cal vva, podían ser los de Lasa y Zabala.

Tras asumir la instrucción del caso, el juez Bueren acordó inicialmente la práctica de nuevos exámenes forenses para confirmar la identidad de los cuerpos y posteriormente ordenó en el mes de junio su enterramiento en el cementerio de Tolosa, originándose diversos incidentes.

El magistrado decretó desde que recibió el sumario el secreto del mismo, por lo que no ha trascendido prácticamente ninguna de las diligencias practicadas con posterioridad, aunque diverss informaciones periodísticas han relacionado dicho secuestro con el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo.