Antes de acordar la inhumación, el magistrado consultó hoy al fiscal del caso si consideraba pertinente el enterramiento, a lo que el reresentante del ministerio público expresó su conformidad.

Las fuentes consultadas precisaron que el juez Bueren decidió precintar los féretros con los restos mortales de Lasa y Zabala, que serán trasladados en avión hasta el País Vasco, para ser enterrados en Tolosa (Guipúzcoa), su localidad de origen.

Previamente a la decisión de enterrar los restos de los presuntos etarras, el magistrado había consultado tanto a los forenses de la Audiencia Nacional como a los abogados de la familia y al fiscalsobre la necesidad de practicar nuevas pruebas a los restos mortales y evitar una posible futura exhumación.

Sin embargo, ni los forenses ni las partes consideraron necesario realizar nuevos análisis a los cadáveres, ya que, a su juicio, eran suficientes las pruebas practicadas desde la aparición de los restos mortales en el paraje alicantino de Bussot, que permitieron su identificación a través del ADN.

Aunque el pasado mes de marzo la jueza de Alicante Carmen Menárquez, que inicialmente investió el caso, había acordado el traslado de los cadáveres a Tolosa, el juez Bueren revocó la orden al hacerse cargo de la instrucción, por lo que los restos mortales permanecieron en el Instituto Nacional de Toxicología de Madrid desde el 27 de ese mes.

Los cadáveres de los presuntos etarras permanecieron por espacio de 10 años en una cámara frigorífica del cementerio municipal de Alicante, a donde habían sido trasladados tras ser descubiertos en una fosa en Bussot, donde fueron enterrados bajo cal viva. Sin embargo, a principios de este año el jefe de la Brigada de Policía Judicial de Alicante, Jesús García, relacionó el hallazgo hace 10 años de los cadáveres con la desaparición de Lasa y Zabala, tras leer unas declaraciones del ex policía José Amedo en las que afirmó que dos de los procesados en el 'caso GAL' proponían enterrar en cal viva a Segundo Marey, secuestrado por los GAL.