El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Angel Calderón, argumentó a esta agencia que una ley de este tipo "no es compatible con el Estado de Derecho".

"Las leyes están para cumplirse", dijo Calderón, quien ecordó que declarar una amnistía es competencia del Parlamento y señaló que "es una opción política como cualquiera otra, que entra dentro de la discrecionalidad del legislador".

Sin embargo, aseguró que esa medida haría que el Estado de Derecho se resintiera, ya que daría lugar a que, "por cuestiones políticas y no de equidad y estricta justicia", un grupo de personas fuesen exoneradas de responsabilidad, mientras el resto de los ciudadanos las afrontan diariamente.

Por su parte, el presidente d la Asociación de Fiscales, Juan Ortiz Urculo, afirmó a Servimedia que, con el derecho en la mano, hablar de amnistía general en un caso como la trama de los GAL es "imposible" e iría en contra del Estado de Derecho.

José Luis Galán, abogado de la acusacción popular de los GAL, se mostró totalmente en contra de una "ley de punto final" como solución válida para zanjar el `caso GAL'.

Por otro lado, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José Luis Manzanares, aseguró a est agencia que se opone a una ley de este tipo, porque "los indultos son posteriores a las condenas y además lo mejor que le puede pasar a un país es saber que los asesinos son castigados independientemente del puesto que ocupen en la sociedad y en el poder".

A su juicio, las leyes deben estar hechas con carácter general, "pero las leyes para dos o tres ciudadanos, o veinte, no me merecen el nombre de ley". "Por tanto", agregó, "primero condenas, y luego ya verá el Gobierno si es o no útil el indulto toal o parcial".