En una intervención de aproximadamente media hora, González negó "rotundamente" todas las acusaciones que vertió sobre él el ex secretario general de los socialista vizcaínos Ricardo García Damborenea, al que acusó de calumniador.

Reiteró que trabajará con odas sus fuerzas para que "la justicia pueda llegar al final del proceso sin interferencias y para evitar que se implante el dominio de la calumnia y de infamia, para acabar con la compra-venta de dossieres y para que nadie pueda imponer sus criterios por el miedo", al tiempo que aseguró que los socialistas nunca propiciarán una amnistía o una 'ley de punto final' para exculpar a los implicados en el 'caso GAL'.

González insinuó de nuevo sus sospechas sobre la existencia de un complot que trata de impicar al Gobierno en actuaciones ilegales que nunca realizó. No especificó, sin embargo, quiénes están detrás de esas conspiraciones.

Según dijo, "estas acusaciones son un paso más en la estrategia para desplazar del poder a un Gobierno elegido por las urnas, que son aplaudidas por muchos incluso cuando les consta su falsedad".

En este momento, el jefe del Gabinete pasó al contraataque y recordó a los bancos populares las dos recientes sentencias del Tribunal Supremo sobre los casos Crillón y de ls 'papeles de Laos', que exculpan al Ejecutivo de cualquier actuación ilegal, y preguntó a los populares si después de todas sus acusaciones están dispuestos a rectificar y si no creen que "la ética política les obliga a ello". Desde los bancos del PP se respondió con un abucheo generalizado.

Advirtió del riesgo que supone para la buena marcha de la política antiterrorista el continuo debate sobre la existencia de una guerra sucia contra ETA patrocinada desde el Gobierno.

Según el presidente, "dede la recuperación de la democracia no ha existido ningún peligro real que no proviniera de la involución y del terrorismo. Ahora no existe más que la amenaza terrorista, que hoy tiene perfiles menos agudos, pero corremos el riesgo de reactivarlos si no afrontamos con el mayor rigor las cuestiones que afectan a la seguridad y si no las extraemos de la confrontación política"

A su juicio, corresponde a los representantes de la soberanía popular "impedir que el principio de la desconfianza como motor dela vida política. Si entre todos no somos capaces de encauzar nuestra vida política por cauces ditintos la deslegitimación, no sólo afectará al Gobierno, sino que se instalará en el conjunto de los poderes y las instituciones democráticas, lo pagará toda la sociedad, no sólo ahora sino en el futuro, más allá de quién gobierne".

Consideró que al Ejecutivo se le puede exigir más compromiso en esta tarea, razón en la que justificó su decisión de adelantar las elecciones al mes de marzo de 1996. Y advirti que esta decisión no puede estar en manos de personas que se sirven de la calumnia para defenderse de sus propias responsabilidades penales.

González advirtió que no está obligado a demostrar su inocencia, sino que el Estado democrático garantiza la presunción de inocencia para todos los ciudadanos, "incluso para el presidente del Gobierno".

Como ya dijo en anteriores intervenciones, las acusaciones de Damborenea son falsas y "el Gobierno nunca ha empleado métodos ilegales para luchar contra el errorismo". Su intervención ante la Cámara no se justifica en el respeto al ex dirigente socialista vasco, sino "por respeto a la Cámara" y por la "inquietud política y social" que sus declaraciones públicas han provocado.

El presidente dijo haberse reunido con Damborenea en cuatro ocasiones, el 3 y el 15 de marzo, el 22 de mayo y el 19 de noviembre de 1983, tan sólo en una ocasión a solas y en ninguna de las reuniones se habló de la lucha antiterrorista.

Felipe González desmitió también que el iicio de las actividades de los GAL se decidiera para empujar a Francia a colaborar en la lucha antiterrorista, cosa que, según el presidente, se había pactado en una reunión que él mantuvo personalmente con el presidente francés, Françoise Mitterand, a finales de 1983.

Por último, desmontó la teoría de Damborenea de que el secuestro de Marey se produjo para forzar a ETA a liberar al capitán de Farmacia Martín Barrios, quien fue asesinado semanas antes de que se produjera la captura del empresario vasc.

Tras estas argumentaciones, González aseguró que el inicio de una guerra sucia habría puesto en peligro tanto la lucha policial contra ETA como la colaboración internacional contra la banda y la cohesión entre los grupos políticos.