Gómez de Liaño considera que Garzón ha sido acusado de prevaricación e incluso se le ha hecho responsble de eventuales actos terroristas (la portavoz del PSOE de Euskadi, Rosa Díez, responsabilizó a Garzón de posibles atentados de ETA contra socialistas), cuando, según el vocal del CGPJ, el magistrado de la Audiencia Nacional se ha limitado a "seguir las reglas procesales que la Constitución y las leyes establecen".

EL miembro de CGPJ critica además en su escrito la negativa del CESID a proporcionar el supuesto documento fundacional de los GAL que le ha solicitado el juez Garzón, alegando la Ley de Scretos Oficiales. Esto, según Gómez de Liaño, va contra el artículo 118 de la Constitución, que proclama la obligación de prestar colaboración a jueces y tribunales.

La posibilidad de refugiarse en la Ley de Secretos Oficiales y en el secreto profesional "ha quedado inexistente a partir del auto del Tribunal Supremo de 20 de febrero del 95 (Fundamento Jurídico 4), ratificando otro de 2 de diciembre del 94, al sentar el principio de que esa ley no obliga al funcionario requerido como testigo a no revelr a la autoridad judicial lo que supiere; antes al contrario, esa lealtad al secreto no puede obstaculizar la investigación de tipos delictivos concretos".

FILTRACIONES

Respecto a las acusaciones contra Garzón por no haber preservado el secreto del sumario, el vocal del CGPJ señala que en el caso de la filtración de las declaraciones de Ricardo García Damborenea "quizá la clave se encuentre en la versión original que pueda ofrecer alguien que se sienta en la mesa del Consejo de Ministros".

Por tro lado, Gómez de Liaño pide al CGPJ que defienda al recientemente elegido presidente de la Sala Segunda del TS, Fernando Cotta, de las descalificaciones que ha sufrido y que reclame a los autores de estos comportamientos "una actitud de respeto hacia los hábitos profesionales y personales de dichos magistrados".

Por su parte, otra vocal del CGPJ, Soledad Mestre, señaló a Servimedia, en referencia a la solicitud de amparo de Gómez de Liaño, que "estamos ante una situación políticamente muy delicada yprocesalmente muy delicada que llevan los tribunales. Creo que el CGPJ no debe de intervenir para nada".

Mestre añadió que ha luchado desde hace mucho tiempo por la libertad de expresión y de opinión, "y por tanto creo que las opiniones pueden ser oportunas o inoportunas, fuertes o no fuertes, e incluso delictivas -que no es este el caso-, pero ya hay sus cauces legales".

La vocal considera que la independencia de los jueces "no se resiente ni por la opinión de alago ni por la opinión de la crítia, sobre todo en magistrados con muchos años en sus espaldas".