Según informaron hoy fuentes judiciales, el magistrado ya haacordado la práctica de numerosas diligencias dentro del sumario, como son pruebas periciales y documentales cuyo contenido no ha trascendido al estar declarado secreto del sumario.

Además, tiene previsto continuar con la toma de declaraciones a diversas personas durante el próximo mes de septiembre, aunque hasta la fecha todavía no ha cursado las citaciones.

Entre las personas que prestarán declaración el próximo mes figura el ex director del CESID, Emilio Alonso Manglano, quien fue citado a decarar por el juez como testigo el pasado 14 de agosto.

Esta diligencia fue suspendida por el magistrado ante la posibilidad de que de las preguntas formuladas al ex responsable de los servicios de información pudieran derivarse incriminaciones contra él, por lo que acordó volver a llamar al teniente general en septiembre como imputado con el fin de garantizar su derecho de defensa.

Además, tampoco se descarta que el magistrado pueda llamar a declarar como imputado al ex director general de la Guaria Civil Ferran Cardenal, a quien el ex comisario general de la Policía Judicial Enrique de Federico acusó de haber entorpecido las investigaciones efectuadas por las fuerzas de seguridad sobre el secuestro y asesinato de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.

Por otra parte, el magistrado resolverá previsiblemente mañana el recurso presentado por Jorge Argote, abogado del general Enrique Rodríguez Galindo, contra el auto dictado por el juez el pasado 6 de agosto, en el que acodó medidas cautelares contra el ex responsable de Intxaurrondo tras haber sido puesto en libertad días antes por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Además, está pendiente de recibir el dictamen del fiscal del caso, Jesús Santos, sobre las últimas peticiones hechas por Argote, entre las que figuran la libertad de los ex agentes de Intxaurrondo Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo, la remisión al CESID de las copias que tenga de documentos de los servicios de información y el levantamientolos procesamientos dictados por el magistrado contra sus defendidos como consecuencia de la no desclasificación por el Gobierno de los documentos del CESID.