Dicha resolución, que el magistrado dirigió al Ministerio de Defensa el 20 de mayo de 1996 para que éste, a su vez, la eevase al Consejo de Ministros, recogía una transcripción de los documentos del CESID cuya desclasificación pedía y fue publicada el pasado 17 de diciembre por los diarios "El País" y "El Mundo".

En un auto dictado hoy, el juez afirma que después de haber realizado unas investigaciones sobre dicha filtración, que, a su juicio, constituye revelación de secreto sumarial, éstas "toleran deducir, con fundamento, que la filtración y posterior divulgación" de su exposición razonada en la que reclamaba la deslasificación "tuvo su fuente en el Gabinete del Excmo. Sr. Ministro de Defensa".

Por ello, considera que "el siguiente paso a dar por el instructor tendría que ser conocer la versión de quien, según el pie del documento, fue el destinatario de la exposición elevada al Gobierno de la Nación; es decir el sr. ministro".

Sin embargo, considera lógico remitir las diligencias de investigación a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, dado que, a su juicio, esa llamada al proceso "confundiría condiciones rocesales, con el natural desconcierto respecto a la situación de quien es titular de la nobleza de un fuero procesal".

Por ello, en su opinión, es el Alto Tribunal el que "con su superioridad orgánica y de criterio" debe decidir "si la versión de aquél (Serra) sobre los hechos debe conocerse a través de mero testimonio por escrito o mediante narración documentada precedida de una imputación generadora de derechos".

Asímismo, estima que la Sala Segunda también debe determinar a quién corresponde na u otra función, es decir, llamar a declarar a Serra, dado que al ser aforado, sólo puede testificar como imputado ante el Supremo, mientras que sí puede ser citado como testigo por la Audiencia Nacional.

En el auto dictado hoy, el juez detalla pormenorizadamente las investigaciones que ha realizado de la filtración de su resolución, dentro de las que tomó declaración a los periodistas que firmaban las informaciones sobre los documentos del CESID.

Según Gómez de Liaño, ninguno de los periodista reveló sus fuentes, aunque todos ellos descartaron que la filtración procediese de su juzgado ni del del juez Baltasar Garzón, cuya resolución solicitando también la desclasificación de varios documentos fue publicada por la prensa.

Asímismo, Gómez de Liaño realizó varias diligencias para comprobar si el sello que aparecía en la fotocopia de los documentos publicados por la prensa correspondía al "Registro de Entrada" del Gabinete del ministro de Defensa, lo que confirmaron los peritos de la Policía ientífica a los que el juez encargó el análisis.