En la resolución, el magistrado señala que "de lo hasta ahora investigado y sin perjuicio de ulteriores concrecones del título o títulos de inculpación, lo cierto es que ya aparecen fundadas sospechas para pensar que, al menos en el primer episodio de ese itinerario criminal, es decir, la detención de los dos jóvenes, José Julián Elgorriaga no fue ajeno".

Gómez de Liaño indica que "es precisamente esa proximidad a los hechos, una cercanía aún pendiente de medir pero, al fin y al cabo, representativa de seria implicación, la que aconseja definir cuál debe ser la situación personal dentro del proceso del señor Egorriaga".

Sin embargo, indica que tras "el necesario juicio de proporcionalidad, se considera que, por ahora, no es del todo preciso gravar el derecho a la libertad de aquél con un instrumento tan enérgico como la prisión preventiva, sea sin o con fianza", por lo que, agrega, "basta que a su libertad se pongan algunas cautelas que por si mismas hagan posible que el imputado esté a la plena disposición de este juzgado y, sobre todo, a la de la acción de la justicia".

Así, el magistrado decretó lalibertad provisional de Elgorriaga con la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado, entregar su pasaporte al juzgado, facilitar un número telefónico donde ser localizado y la prohibición de salir del territorio nacional.

Por otra parte, el juez Gómez de Liaño considera en otro auto "adecuada" y "conveniente" la petición que le formuló el fiscal del caso para que citase a declarar como imputados al ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera y al abogado de Interior Jorge Argote ras las declaraciones que efectuó el ex responsable de la Guardia Civil Luis Roldán.

El magistrado explica que ello es así porque "tras ponderar muchos particulares del material instructorio hasta ahora acumulado, las atribuciones de sospecha de responsabilidad tanto a uno como a otro no son inverosímiles y quizá muy posibles de confirmarse en ulteriores actuaciones procesales".

Agrega que también es conveniente tomar declaración a Vera y Argote como imputados porque "hacer el llamamiento por otr concepto distinto y, encima, demorarlo, colocaría a ambos en situación claramente desventajosa y, en consecuencia, algo distante de los derechos reconocidos" en la Constitución.