De este modo, el magistrado rechaza el recurso de reforma interpuesto por la defensa de Vera contra su procesamiento, en el que alegó que dicha medida se fundamenta únicamente en el testimonio del ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán que, a su juicio, no puede ser tomado como un indcio suficiente para considerale procesado sino, a lo sumo, para tenerle como denunciado o imputado.

En su resolución, Gómez de Liaño recuerda que dictó el procesamiento de Vera basándose en "las muy fundadas sospechas" que existían contra él provenientes, fundamentalmente, de las declaraciones de Roldán, "a las que se otorga el valor que para estos casos o supuestos de coimputados generosamente dispensa la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo".

Así, destaca que tras eaminar todas las narraciones de Roldán y ponerlas en relación con otras, tanto discrepantes como concurrentes, "el número de las coincidentes ha generado en el juez-instructor la convicción de poseer mayor fuerza de resistencia que las contrarias, como las de Rafael Vera, por ejemplo".

Además, añade que "no muy diferente operación mental sirvió" al instructor del 'caso GAL' en el Tribunal Supremo, Eduardo Móner, para decretar el procesamiento de Vera como indiciariamente responsable de delitos relacinados con banda armada.

Roldán implicó a Vera en el 'caso Lasa y Zabala' al declarar que el ex secretario de Estado para la Seguridad y el abogado Jorge Argote, también procesado en la causa, le propusieron que eliminase a los dos principales sospechosos del secuestro y asesinato de los dos presuntos etarras ante el temor de que desvelasen aspectos de la 'guerra sucia' contra ETA.

VISITAS

Por otra parte, en otra resolución notificada hoy, el juez Gómez de Liaño confirma las limitaciones y contol que impuso a las visitas a los procesados que actualmente se encuentran encarcelados por el 'caso Lasa y Zabala', entre los que se figuran el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo y el ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga.

Dichas visitas se limitan a los ministros de sus religiones, médicos, si fueresen recomendados por los servicios sanitarios de la cárcel, parientes y personas con las que los procesados en prisión estén en relación de intereses o de las que puedan recbir sus consejos.

Dicha decisión fue recurrida por los procesados que se encuentran en prisión, que consideraron que la medida "es cruel" ya que, a su juicio, representa una incomunicación encubierta. Esto es rechazado por el juez, quien indica en su auto que "nada de cruel tiene el régimen de visitas", ya que no se ha impuesto ninguna limitación a familiares, facultativos y amigos íntimos.

Explica que "distintas son aquellas comunicaciones respecto a las cuales puede sospecharse que lo que preteden, entre otras cosas, es entorpecer el curso de la investigación, en general, o el fracaso de determinadas diligencias, en particular".

Por ello, afirma que "el control de las visitas y la restricción de los visitantes se justifican, a partir de los principios de proporcionalidad e idoneidad, en la medida que se orientan a un objetivo legítimo, cual es el buen fin del sumario y que deberán mantenerse por el tiempo que se estime adecuado".