En este caso, el Ejecutivo se atendrá a cuatro criterios fundaentales: el respeto por las decisiones judiciales, el mantenimiento de los procedimientos legales habituales, el alejamiento de cualquier trato de privilegio y la contemplación del asunto desde una actitud de altura de miras.

Hasta el momento, no se ha producido ningún precedente de que el Gobierno desoiga las resoluciones de algún tribunal, aunque su decisión tenga el voto contrario de la fiscalía, como ocurre en este caso.

La resolución de la Sala Segunda del Tribunal Supremo conocida el vierne aún no está sobre la mesa de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, que deberá elaborar un informe y remitirlo para su estudio al Consejo de Ministros.

Fuentes del Tribunal Supremo informaron durante el fin de semana que la resolución podría estar lista entre hoy y mañana, lo que dejaría muy poco margen a Justicia para culminar un proceso que normalmente lleva varios meses de trabajo.

No obstante, el Ejecutivo considera posible la realización de todos los trámites en un plazo de 4 horas, por lo que no se descarta la posibilidad de que este asunto se discuta en el próximo Consejo de Ministros.

El Gobierno quiere dar la imagen de que la concesión rápida de estos indultos no supone ningún trato de privilegio a pesar de que la ministra de Justicia reconoció la pasada semana que aún tiene indultos pendientes de informe del mes de marzo.