La secretaria de Estado explicó que la querella ha sido presentada por las declaraciones de Amedo publicadas en el diario "El Mundo" entre los días 27 y 30 de diciembre y el 9 de enero, en las que efectuó "imputaciones falsas de forma reiterada" contra el obierno, al que atribuyó "la organización, financiación y puesta en funcionamiento de la organización terrorista GAL".

Dijo que del análisis de esas declaraciones, los servicios jurídicos del Estado dedujeron que únicamente es Amedo quien achaca al Gobierno esas "graves imputaciones", por lo que la querella no ha sido presentada también contra el ex policía Michel Domínguez, condenado, al igual que Amedo, por su relación con los GAL.

No obstante, matizó que los servicios jurídicos estudian en la ctualidad todas las imputaciones formuladas contra el Ejecutivo por otras personas, por lo que no descartó la futura presentación de más querellas, entre ellas contra el diputado de IU Felipe Alcaraz o contra Julio Anguita por afirmar que González es el "señor X" de los GAL.

Según María Teresa Fernández de la Vega, el presidente del Gobierno dejó ayer clara la voluntad política de dar instrucciones para que ante toda calumnia al Gobierno o a su presidente se actúe legalmente, y la primera medida ante sas instrucciones de González ha sido la presentación de la querella criminal contra Amedo.

MEDIDAS CAUTELARES

La secretaria de Estado dijo que en la querella presentada hoy el Gobierno pide al tribunal que adopte las medidas cautelares contra Amedo que considere oportunas y solicita además una indemnización "simbólica".

Explicó que la formalización de la querella ante la Audiencia Nacional se debe a que es la Sala de lo Penal de este organismo la única competente para conocer de los delitos coetidos contra los altos organismos de la Nación y señaló que en este caso se atribuye a Amedo la comisión del delito previsto en el artículo 161.1 del Código Penal en relación con un delito de calumnias y otro de desacato, cuyas penas oscilan entre los 6 y los 12 años de cárcel.

Fernández de la Vega añadió que si la querella ha sido presentada ahora se debe a que los servicios jurídicos estuvieron estudiando dichas declaraciones y aseguró que el Gobierno no tiene miedo a la "excepción de la verdad", qe establece que no se puede atribuir un delito de calumnias si se comprueba la veracidad de los hechos denunciados.

Insistió en que "la voluntad política del Gobierno es defender su honor y su honestidad, y para ello va a ejercer cuantas acciones estén en su mano". A su juicio, la presentación de esta querella "es la constatación de la voluntad política expresada ayer por el presidente de que no se calumnie al Gobierno".

La secretaria de Estado precisó que la querella fue presentada por los serviios jurídicos del Estado porque el Gobierno considera que el abogado del Estado es la persona "adecuada" para ejercitar la acción penal, "sin perjuicio de que el ministerio fiscal haga lo que considere oportuno desde su autonomía".

Finalmente, eludió pronunciarse sobre cualquier otra actuación judicial relacionada con este asunto, aunque dijo que lo que no debe hacerse en un Estado de derecho "es que estemos siempre sembrando dudas, poniendo en cuestión a las instituciones y la legitimidad de los juecs en su quehacer. Eso me parece no presentable y no correcto en el Estado de derecho".