En una providencia dictada hoy, a la que ha tenido acceso Servimedia, el magistrado, que invesiga así el secuestro de Segundo Marey por los GAL, indica que en caso positivo le remitan "todos los elementos obtenidos, movimientos bancarios de aquéllas o de las personas interpuestas, fiduciarias u hombres de paja, aún cuando estuvieran canceladas las cuentas o, en su caso, la entrega en mano al portador de esta comisión, solicitándose la correspondiente autorización para concurrir a su práctica".

Pide también al juez suizo información sobre si en cualquiera de sus investigaciones criminales apareen datos económcos o de otro tipo que relacionen "a persona o personas españolas o de otra nacionalidad así como cuentas bancarias del tipo que sean", con los GAL, "a través de cuyas cuentas se hubieran hecho transacciones o cualquiera otras operaciones bancarias que favorecieran la actividad criminal de tal organización".

En su escrito, Garzón también acuerda elevar un suplicatorio al presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, para que a través del presidente del Tribunal Supremo, Pascual Sla, se dirija al presidente del Congreso, Félix Pons, para que le informe si en alguna de las comparecencias que se desarrollaron en la "comisión Roldán" "se menciona en algún momento a José Amedo y Michel Domínguez y su presunta vinculación con la organización GAL", remitiéndole, en caso afirmativo, los documentos en que aparezcan.

También relacionado con el "caso Roldán", decide remitir un exhorto al juzgado de instrucción número 16 de Madrid que investiga al ex director general de la Benemérita par que "si el secreto sumarial lo permite", le remita testimonio de las declaraciones o documentos que hagan referencia a Amedo, Domínguez y los GAL, precisando que en caso de no poder enviárselos ahora, se los entregue cuando se alce el secreto.

INTERIOR

Además, Garzón también acuerda en la providencia solicitar a la Secretaría de Estado de Interior que le informe de quiénes han ocupado la dirección general de la Seguridad del Estado entre enero de 1983 y junio de 1987, período en el que actuaron losGAL, indicando las fechas de los nombramientos y ceses.

También requiere la relación de los responsables policiales inferiores al director general de Seguridad del Estado y de los que tenían dependencia jerárquica Amedo y Domínguez en 1982, 1983 y 1984.

Además, pide cualquier dato, documento o carta de Amedo y Domínguez que obre en poder de ese ministerio en la que aquéllos hagan referencia velada o escrita a los GAL y sus acciones y en concreto al secuestro de Marey, además de las investigacione que haya hecho el departamento en ese sentido.

También requiere al director del diario "El Mundo", Pedro J. Ramírez, que le facilite cualquier dato que obre en su poder, publicado o no, sobre Amedo y Domínguez, su vinculación con los GAL y su presunta participación en el secuestro de Marey, "siempre que no se quebrante el secreto profesional".

Finalmente, a petición del fiscal del caso, el juez decide recordar o, en su caso, reproducir, dado el tiempo transcurrido sin obtener respuesta, la comisón rogatoria librada a Francia el 4 de noviembre del pasado año para investigar las circunstancias del fallecimiento de Pedro Sánchez, considerado el jefe de los mercenarios de los GAL que secuestraron a Marey.

Segundo Marey fue secuestrado el 4 de diciembre de 1983 por los mercenarios franceses Mohamed Talbi y Jean Pierre Echalier, que pretendían que les ayudase a localizar a miembros de ETA en el sur de Francia, ya que creían erróneamente que tenía relación con la banda terrorista.

Tras su deteción, Talbi declaró a la justicia francesa que entregaron el secuestrado a Amedo. Además, los funcionarios hallaron en poder de uno de los mercenarios una nota manuscrita con el nombre de "Pepe" y un número de teléfono pertenenciente a la Brigada Provincial de Información de Bilbao, de la que Amedo formaba parte en el momento del secuestro.

El sumario por el secuestro de Marey fue reactivado por la fiscalía de la Audiencia Nacional el 15 de julio de 1993, lo que evitó que el delito prescribiera al cumlirse 10 años.