Según confirmaron a Servimedia fuentes del CGPJ, la petición de amparo de Garzón fue recibida a media tarde de hoy en la sede de este órgano y será estudiada mañana en la reunión de su pleno, que ya tenía previsto abordar de oficio esta cuestión, tal como anunció el pasado viernes el vicepresidente de este órgano, José Luis Manzanares. Garzón basa su solicitud en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que "los jueces y magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia lo pondrán en conocimiento del CGPJ".

La petición de amparo de Garzón es consecuencia de la difusión el pasado miércoles por Televisión Española de una entrevista realizada en la cárcel de Alcalá-Meco al ex director general de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal, encarcelado por el magistrado en relacióna los GAL.

En esta entrevista, a la que sucedieron otras dos en dos diarios, Sancristóbal acusó a Garzón de formar parte de una conspiración para derribar a Felipe González, lo que suscitó numerosas críticas, a las que se unió el hecho de que las entrevistas hubieran sido realizadas sin la autorización del magistrado, tal como éste aseguró posteriormente en un comunicado.

Las reacciones por estos hechos llevaron incluso a todas las asociaciones de jueces, fiscales y secretarios judiciales a emiti por primera vez un comunicado al día siguiente en el que pedían al fiscal general del Estado y al CGPJ que actuasen con "celeridad y firmeza" para que "obtengan la consecuencia prevista en la ley las declaraciones o comportamientos que pretenden descalificar o perturbar al juez".

Para Garzón, la realización de dichas entrevistas por parte de Sancristóbal suponen una injerencia en su labor jurisdiccional por parte de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, al haberlas autorizado sin contar on el visto bueno escrito del juez, según dijeron a Servimedia fuentes próximas al magistrado.

Estas fuentes agregaron que la concesión de la autorización para realizar dichas entrevistas corresponde a él, según recoge el artículo 524 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que señala que "el juez instructor autorizará, en cuanto no perjudique el éxito de la instrucción, los medios de correspondencia o comunicación de que pueda hacer uso el detenido o preso".

Asimismo, esas fuentes explicaron que e el caso de que el pleno del CGPJ entienda que hubo una invasión de competencias por parte de la Administración, podría emitir una declaración condenando la intromisión o podría considerar que hubo una arrogación de funciones por parte de Asuntos Penitenciarios.

En este supuesto, el pleno daría traslado de los hechos al fiscal general del Estado, dado que la administración penitenciaria podría haber incurrido en un delito contemplado por el Código Penal y castigado con penas de suspensión.

De serasí, Asuntos Penitenciarios podría haber infringido el artículo 378 del Código Penal, cuyo párrafo segundo dice que será castigado con la pena de suspensión "todo funcionario del orden administrativo que se arrogare atribuciones judiciales o impidiere la ejecución de una providencia o decisión dictada por el juez competente".