Garzón argumenta en el informe, preceptivo antes de que el magistrado Javier Gómez de Liaño decida la recusación, que no ha habido "subordinación funcional" de Rodríguez Galindo con él, en contra de lo que afirma el ex responsable de Intxaurrondo.

Según dice el juez en el escrito, guardias civiles, policías y funcionarios de la Policía Judicial tienen una dependencia jerárquica de sus superiores, que llega al secretario de Estado de Defensa o Interior, y a los ministros, pero en nngún caso a los jueces.

En el caso concreto de Baltasar Garzón, que fue entre 1993 y 1994 delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, el magistrado se remite a las funciones y competencias que el BOE atribuye a dicha delegación, con rango de secretaría de Estado.

Como delegado del Plan Nacional sobre Drogas, Garzón dependió primero del Ministerio de Asuntos Sociales y luego de Interior, pero en éste último departamento, según el juez, tampoco tuvo mando sobre las fuerzas y cuerpos d seguridad, que estaban dirigidas por el secretario de Estado para la Seguridad.

Respecto a las afirmaciones del ex policía Míchel Domínguez ante el juez del Tribunal Supremo Eduardo Móner, Garzón especifica que la sola posibilidad de ser llamado a declarar, como testigo o imputado, no está recogida como causa de recusación ya que es una circunstancia que todavía no se ha producido.

Ahora sólo falta que el fiscal eleve a Gómez de Liaño su informe y que el juez decida, pasos que previsiblemente tedrán lugar en un plazo no superior a las 48 horas, según fuentes judiciales.