El magistrado ya había citado a declarar al ex responsable de Intxaurrondo para el pasado 26 de junio, diligencia que, sin embargo, fue suspendida el mismo día al presentar la defensa de Rodríguez Galino sendas recusaciones contra Garzón y contra el juez Javier Gómez de Liaño, que instruye el 'caso Lasa y Zabala', por el que el general estuvo encarcelado hasta el pasado 2 de agosto.

Sin embargo, ambas recusaciones fueron rechazadas e incluso Rodríguez Galindo fue multado con 75.000 pesetas por actuar con abuso procesal o mala fe.

El juez Garzón acordó el pasado 7 de mayo imputar a Rodríguez Galindo en el 'caso Oñaederra' como consecuencia de las declaraciones efectuadas por el ex responsable dela Guardia Civil Luis Roldán y el coronel Juan Alberto Perote. También inculpó en la causa por el mismo motivo a los tenientes generales Andrés Cassinello y José Antonio Sáez de Santamaría, que se encuentran en libertad provisional.

En un auto dictado entonces, el magistrado señaló que de las diligencias practicadas en dicha causa, declarada secreta desde hace meses, existen "indicios de participación" de los tres generales "en las actividades ilegales relacionadas con los grupos GAL".

Por ello, onsideró conveniente tener como imputados a los tres militares "para garantizar al máximo sus derechos", con el fin de que pudieran personarse en la causa y "ejercitar cuantos derechos concede dicha situación, previniendo de esa forma de situaciones de indefensión".

Tanto Cassinello como Sáez de Santamaría comparecieron el pasado mes de mayo ante el juez, que decretó su libertad sin fianza, aunque les impuso medidas cautelares.

En dicha resolución, el juez acordó consultar al fiscal sobre la convniencia de imputar también en la causa al ex ministro del Interior José Luis Corcuera, al ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera y al abogado Argote, contra quienes Roldán había vertido graves imputaciones. Acusó a los dos primeros de haber puesto en marcha una campaña de envío de cartas-bomba a personas relacionadas con HB.

El fiscal se opuso a dicha imputación alegando que primero había que determinar la veracidad de la denuncia de Roldán y porque, además, los hechos que éste atribuyóa Vera y Argote estaban siendo investigados por el juez del 'caso Lasa y Zabala', en el que ambos están imputados.

A través del 'caso Oñaderra', Garzón investiga determinados hechos y delitos "cuya ejecución de enmarca presuntamente en la órbita de actuación de determinadas autoridades y funcionarios dentro del Ministerio del Interior, Guardia Civil y CESID y personas particulares integradas en la organización terrorista GAL o en colaboración con la misma en lo que se puede denominar 'guerra sucia conra ETA' a partir de 1983", según Garzón.

En concreto, los hechos investigados son el asesinato de Ramón Oñaederra, ocurrido en Bayona (Francia) el 19 de diciembre de 1983; el asesinato de Angel Gurmindo y Vicente Perurena, cometido en Hendaya (Francia) el 8 de febrero de 1984, el asesinato de Christian Olazcoaga y el asesinato frustrado de su hermano Claude, perpetrado en Biriatou el 18 de diciembre de 1984.

Además, el juez también trata de determinar las "actividades conexas con las anteriores yque integran presunta colaboración con banda armada, encubrimiento y otros hechos que han aparecido posteriormente, tales como presuntos delitos de malversación de caudales públicos, proposición para el asesinato, tentativa de asesinato y depósito de armas y tenencia de explosivos", entre otros delitos.

El 'caso Oñaederra' podría, sin embargo, pasar a manos de otro juez de la Audiencia Nacional si la Sala de lo Penal de ese organismo estima el recurso de apelación de Cassinello y Rodríguez Galindo, qu solicitaron a Garzón que declinase las investigaciones a favor del Juzgado Central de Instrucción número 2 que, a su juicio, es el competente por haber instruído con anterioridad la causa.